- El Ejército y el crimen de Prats, Editorial de La Segunda
- El Ejército y el asesinato del general Carlos Prats, Editorial de El Mostrador
- Hacer memoria, por Carlos Valle
- Piñera, el holandés, por Francisco Javier Díaz
- CASEN: Pobreza y rigor, por Daniel Hojman
- CASEN: El gasto social no es ineficiente, es insuficiente, por Claudia Sanhueza
- Gabriel Ruiz-Tagle, el Colo-Colo y la Contraloría, por José Zalaquett
- La grieta política que abrió la encuesta Casen, por Ascanio Cavallo
- Pobreza y política, por Carlos Peña
- Educación: más medidas, menos claridad, por José Joaquín Brunner
El Ejército y el crimen de Prats
Editorial de La Segunda
El fallo de la Corte Suprema que ratifica las condenas por el asesinato en Buenos Aires del ex comandante en Jefe del Ejército, general Carlos Prats, y su esposa, pone término definitivamente (eso sí que con más de 35 años de demora) a la comprobación judicial del delito quizás más grave cometido por los principales responsables de la DINA.
Porque, sin perjuicio de la magnitud de otros de sus actos de violencia criminal que afectaron a grupos numerosos en condiciones especialmente crueles, en este caso los condenados, que formaban parte de un organismo integrado sobre la base de personal militar, atentaron, en un hecho históricamente inédito en Chile, nada menos que contra quien había sido el superior jerárquico del mismo Ejército. Y lo hicieron en una forma voluntaria y planificada que no es comparable, pese a las circunstancias políticas que la rodearon, a la de la lamentada muerte del general René Schneider, que asimismo cumplió esas altas funciones.
Justamente por la gravedad de todo aquello es que resulta particularmente destacable la actitud asumida por el actual comandante en Jefe, general Juan Miguel Fuente Alba, luego de conocida la sentencia. Al repudiar a los responsables del doble asesinato, el Ejército, además de expresar un obvio reproche moral, hace explícito su compromiso con los valores de dignidad y honor violados por los autores del crimen.
Y es que, más allá de los errores políticos en que, como otros, pueda haber incurrido el general Prats durante el gobierno de la Unidad Popular, ese atentado —que sería repudiable cualquiera fuese la víctima— lo es doblemente por ese alto cargo que desempeñó él y por sus propios méritos profesionales y personales, así como lo es por la situación de doña Sofía Cuthbert, quien, según se ha dicho, habría sido perseguida deliberadamente pese a no tener otra relación con los supuestos motivos del asesinato que el ser la cónyuge del general.
La participación en estos hechos del entonces Presidente de la República y sucesor de Carlos Prats en la comandancia de la institución no pudo ser procesalmente establecida, pese a lo improbable que resulta una agresión semejante decidida por un subordinado a espaldas de quien poseía el mando superior, lo ejercía sin restricciones y mantenía contacto diario con el que la organizó en sucesivos intentos. Sin embargo, por sobre ese vacío judicial, la sentencia aludida viene a confirmar una vez más el aberrante papel que desempeñó en ese tiempo la DINA. Su creación, atribuciones y dependencia directa del general Pinochet, así como la tardanza en disolverla y la reaparición de sus métodos bajo otras formalidades, no sólo constituyeron el mayor abuso de poder durante el régimen militar, sino también su peor error personal por el daño que le hizo al país, al gobierno que encabezó y a su propia imagen.
Todo lo positivo de la recuperación social y económica nacional desde el abismo de 1973, la exitosa defensa de los derechos territoriales y marítimos de Chile en los años siguientes, y la profunda transformación que hizo posible una economía libre, el desarrollo posterior y la apertura a la globalización, quedaron olvidadas en el resto del mundo por las violaciones a los derechos humanos fundamentales, que en este caso encuentran una irrebatible confirmación y probablemente una nueva (y justificada) fuente de reproches retroactivos en la prensa internacional.
En cualquier caso, la decisión con que el mando Ejército condena hoy actuaciones aberrantes cometidas por algunos de sus miembros durante aquellos años, su solidaridad con el dolor de las víctimas y la reafirmación de sus valores tradicionales no sólo hablan de la solidez de nuestra actual democracia, sino que constituyen uno de sus principales fundamentos.
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El Ejército y el asesinato del general Carlos Prats
Editorial de El Mostrador
El intenso y permanente debate judicial y político sobre las violaciones a los derechos humanos cometidos por la dictadura militar en Chile entre 1973 y 1990, ha generado, luego de veinte años de democracia, un sólido consenso social en cuanto a que su respeto constituye un valor esencial de la vida republicana del país.
Sin embargo, la dimensión institucional de ese consenso no parece suficientemente afiatada. En más de una oportunidad, el funcionamiento de los organismos encargados de políticas de tutela en materia de derechos humanos, o de la seguridad y defensa del Estado, se ve comprometido por juicios ambiguos de sus encargados, generalmente ante resultados judiciales o administrativos que les competen.
La sentencia de la Corte Suprema, luego de 36 años de cometido el asesinato del ex Comandante en jefe del Ejército de Chile, general Carlos Prats, y de su esposa Sofía Cuthbert, constituye un hito cívico que no debiera admitir tales ambigüedades. Especialmente por el valor doctrinario que tiene para el desarrollo institucional del país, y en especial para uno de sus servicios públicos esenciales como son las Fuerzas Armadas.
La Corte Suprema, junto con confirmar el criterio de los tribunales inferiores en cuanto a la autoría del crimen, dictaminó que la Dirección de Inteligencia Nacional, DINA, constituyó para este hecho una “asociación ilícita para delinquir”.
El Comandante en Jefe del Ejército condenó lo que llamó “un crimen horrible” y la institución hizo una declaración en la que señala que “el Ejército ratifica su fiel compromiso con los valores fundamentales que comparte la sociedad chilena”. Pese a ser valorada, tal declaración, resulta insuficiente.
Señala la sentencia que “de los mismos antecedentes que se explican pormenorizadamente en el procesamiento de fojas 243, se debe coincidir con la conclusión que (…) esos homicidios no pudieron ser el fruto de la acción de una sola persona, sino que éstos se configuraron en el marco del accionar de una asociación criminal (:..)” que “contaba con documentación falsa, apoyo logísticos de armas, explosivos y recursos necesarios para (…) neutralizar cualquiera actividad o persona que pudiera ser peligrosa (…)”.
Y agrega más adelante que los antecedentes de juicio “son bastantes para demostrar la existencia de hechos constitutivos de los delitos de asociación ilícita y homicidio agravado o calificado del General de Ejército en retiro don Carlos Prats González y de su cónyuge señora Sofía Cuthbert”, y que “en la República Argentina operaron miembros de una asociación ilícita (…) cuya autoridad máxima era su director Juan Manuel Contreras Sepúlveda, la cual poseía una amplia estructura operativa de carácter clandestina, con una cadena de mando jerarquizada, (…) organización que de manera ilegítima planeó la eliminación física del General Prats porque resultaba peligroso (…) para la permanencia del Gobierno Militar en Chile”.
Un párrafo esencial de la sentencia, desde el punto de vista doctrinario señala que “En la especie, más allá de la discusión doctrinaria, resulta indubitable que la asociación ilícita concibió, diseñó y aplicó un plan a desarrollar de acuerdo a requisitos o estándares como son los de una organización criminal, lesionando intereses vitales, individuales y colectivos, que todo legislador ha querido proteger jurídicamente, dada su alta significación social.”
Ante tal evidencia, el actual comandante en jefe del Ejército general Juan Miguel Fuente-Alba condenó lo que llamó “un crimen horrible” y la institución hizo una breve declaración en la que señala que “el Ejército ratifica su fiel compromiso con los valores fundamentales que comparte la sociedad chilena”.
Sin embargo, pese a ser valorada, tal declaración, desde el punto de vista institucional y doctrinario de las Fuerzas Armadas resulta insuficiente. Más aún si en su parte final afirma que el Ejército, “confía que el cierre de este doloroso episodio pueda contribuir al avance para el necesario reencuentro entre nuestros compatriotas, mediante el consuelo a los deudos y la mitigación de las heridas del pasado”. Es decir, para el Ejército la conclusión de la Corte Suprema no tiene otro valor que el judicial.
Desde el punto de vista doctrinario, ha quedado de manifiesto que los delitos condenados fueron también una transgresión grave del honor y las obligaciones militares. Por lo que es necesario que el Ejército también tome acción para expurgar de sus filas a los criminales, privándoles del honor –que por cierto no merecen- de usar los distintivos y rangos militares que, aunque estén en prisión, siguen manteniendo.
Ello es necesario como una señal de coherencia de que efectivamente el respeto por los derechos humanos es un valor supremo institucional, y que nadie que haya actuado como lo hicieron los condenados, bajo ninguna circunstancia o motivo, merece pertenecer a las fuerzas armadas. Además de las leyes civiles, los militares tienen sus propias reglas y símbolos de honor y verdad que hoy merecen ser honradas.
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Hacer memoria
Por Carlos Valle, comunicador social y pastor de la Iglesia Metodista. Fue presidente de la Asociación Mundial para las Comunicaciones Cristianas
Carlos Valle pide hacer memoria y recupera la trayectoria de la comunicación popular y alternativa, con la finalidad de iluminar el presente y el futuro que se abre a partir de la nueva Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.
Las perspectivas de pluralidad, diversificación y efectiva libertad de expresión que propone la nueva Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual reclaman que volvamos a atesorar el aporte que ha significado la llamada comunicación popular o comunicación alternativa en América latina, que comenzó por poner de manifiesto que la concentración de la comunicación en los medios masivos no era la única vía para hacer comunicación.
¿Cuál es el principal objetivo de la comunicación alternativa? Procura centrarse en una función dialógica y participativa, promoviendo la reflexión de la gente sobre su propia realidad; capacitándola para expresarse a través de los medios; proveyendo adecuado acceso a la información. Insiste en el carácter social de la propiedad de los medios. Pone su acento en la recuperación crítica del saber y la cultura popular; en reconocer que el pueblo tiene voz, que hay que escucharlo y reconocer al pueblo como sujeto y protagonista de su propia comunicación.
La comunicación alternativa surge en la década del 1950 y se desarrolla entre los ’60 y los ’80 como un cuestionamiento a los modos tradicionales de hacer comunicación, y con el objetivo de que la comunicación esté al servicio de un proyecto popular. Un buen ejemplo son las radios mineras de Bolivia, que se desarrollan a partir de 1952, en medio de una profunda transformación social y económica en aquel país. Las radios son financiadas por la contribución que, de sus magros salarios, hacen los mismos mineros afiliados a sus sindicatos. En poco menos de diez años logran establecer 27 emisoras que se destacan por ser de autogestión, pluralistas y, sobre todo, de carácter participativo, dando oportunidad para que la gente sea protagonista de su propia comunicación. También se podría mencionar otra experiencia boliviana, “la radio campesina de la madrugada”, que, a iniciativa de agricultores aymaras, logró espacios en radios comerciales a horas muy tempranas para emitir en su idioma y divulgar su música.
Estas propuestas y cuestionamientos generaron una dinámica de trabajo que acompañó a muchos de los movimientos sociales que, muy pronto, encontraron su estrecha relación con las propuestas por una educación popular. La participación y la capacitación de los grupos populares se multiplicaron. En esta línea, dos ejemplos merecen mencionarse. Por un lado, el uso del video en Brasil, con la creación de la Asociación para el uso del video por las Organizaciones Populares y, en Chile y Perú, la capacitación del campesinado. Se han constituido redes que lograron abarcar prácticamente todo el continente, que comparten sus trabajos y están cooperando para una mayor y mejor utilización de un medio que ha llegado a ser altamente popular. Por otro lado, la prensa alternativa, cuyo más claro ejemplo proviene del Brasil, de los tiempos de su muy prolongada dictadura militar. La llamada “prensa nanica” (enana) por sus pequeños formatos y modestas tiradas, brindó a la gente la oportunidad de comunicar lo que el medio comercial no le permitía.
La premisa que sostenían estas actividades no se reducía a cuestionar el sistema tradicional, sino que pretendía suplantarlo. Este fue, quizá, su talón de Aquiles. La comunicación alternativa, en muchas partes, comenzó por despreciar la comunicación masiva y las nuevas tecnologías. Se refugió en el manejo artesanal de la comunicación; privilegió la acción en contra de la reflexión; sobredimensionó los propios límites de sus mensajes; tendió a la atomización, el aislamiento y a la falta de coordinación de sus experiencias de comunicación.
A partir de la década del 1980 surge una corriente renovadora que entiende que la comunicación debe comenzar a comprenderse a partir de su práctica y no de su teoría, y que esa práctica es mucho más amplia que el mundo de los medios masivos. Seguramente ha llegado la hora de aprender de todas estas lecciones del pasado. Aquí las preocupaciones globales se encuentran con las propuestas comunitarias. Ambas han compartido un tramo especial de la historia de la humanidad.
Al mismo tiempo, la comunicación tiene que ser esa palabra crítica que reclama justicia y quiere producir cambios en la vida personal y social. Por eso es importante que, a partir de esta nueva ley, un abanico amplio de asociaciones se involucre en el mundo de las comunicaciones, para trabajar por una comunicación que promueva una vida nueva y solidaria, en el diálogo, el respeto por el otro, la construcción de la comunidad, y rechace toda injusticia que impida a la gente expresarse por ella misma, reaccionar y protestar, soñar y compartir sueños, fortalecer su dignidad y acentuar su participación en la vida de la sociedad.
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Piñera, el holandés
 El tono usado por el mandatario en su primera cadena nacional recuerda el estilo de juego del equipo de Holanda en la última final del Mundial: Décadas esperando llegar a esa instancia y cuando lo hace, en vez de desplegar su juego elegantemente, prefiere pegar patadas.
Por Francisco Javier Díaz
El Presidente Piñera anoche realizó su primera cadena nacional para referirse a la cifras de la CASEN y las políticas públicas que implementará. Políticos y gente ligada a los medios han criticado que la cadena no tuvo mucho sentido. Pero lo importante, a mi juicio, no es que el Presidente nada dijo; lo importante es que el Presidente se desdijo.
Porque esa cadena nacional utilizó un tono evidentemente distinto a su primera reacción del día martes, cuando presentó por primera vez las cifras de la CASEN. Cambio de tono que denota una cierta ansiedad político-comunicacional que ya parece hacerse característica de la actual administración. Política recuerda el estilo de juego del equipo de Holanda en la última final del Mundial: Décadas esperando llegar a esa instancia y cuando lo hace, en vez de desplegar su juego elegantemente, prefiere pegar patadas.
El día martes, el Presidente entregó una versión insuficiente y antojadiza de las razones que explican las actuales cifras. A su juicio, el aumento de 1,4% en el índice de pobreza se explica, en resumen, por la ineficiencia y la corrupción del gobierno anterior.
Sorprendentemente, nada, pero absolutamente nada, señaló respecto de la crisis financiera internacional que afectó al mundo entero en 2008 y 2009 –la crisis más grande desde la Gran Depresión de los años 1930, lo que significó que cayera el producto en todo el mundo y ciertamente en Chile, así como una significativa alza en el desempleo (de 6% para la CASEN 2006 a 8,6% en la CASEN 2009). Eso sólo para poner algo de contexto.
Pero sobre todo, el Presidente ni siquiera mencionó al pasar el extraordinario aumento de un 36% en los precios de los alimentos de la canasta básica (que es precisamente la variación que actualiza el valor de la línea de pobreza), aumento que todos sabemos, tuvo un origen fundamentalmente externo.
Estas omisiones le valieron una dura crítica de parte de la Concertación y autoridades del anterior gobierno, pero también, reproches sutiles, pero no menos frontales, en su propio sector. En el fondo, el Presidente abandonó el sitial de convocante y pasó al terreno del beligerante. En vez de él hacer el llamado a trabajar unidos y, por ejemplo, convocar a una nueva Comisión Meller con plazos más acotados y tareas más precisas, optó por tomar el pandero de la política pequeña y denunciar que unas irregularidades en Valparaíso y unos supuestos viajes suntuarios en no sé en cuál Ministerio son los factores explicatorios de la pobreza en Chile.
La editorial de El Mercurio no pudo soslayar este error: “El Gobierno habría debido advertir a este respecto” –refiriéndose al aumento en el precio de la canasta. Y prosigue: “ya que, dado esto, la tasa de pobreza esté algo sobreestimada”. Pablo Longueira fue más directo y señaló que no es bueno que el gobierno intente politizar el tema.
El tono beligerante sólo fue bien recibido en los beligerantes, en aquellos que disfrutaron el domingo pasado con las patadas voladoras de los holandeses. Los Allamand y los Espinas de este mundo encontraron una nueva trifulca en la cual involucrarse. Y por el otro lado, Francisco Vidal y su coro de vuvuzelas –ruidosas pero inefectivas—aprovecharon el momento para soplar fuerte en contra del oprobioso y cruel gobierno anterior del cual formaron parte.
Pero el tono impropio de la autoridad fue percibido por la mayoría sensata. Y llevaron al gobierno a cambiar el tono y el llamado. De ahí la cadena nacional de anoche. Si se persiste en la línea conciliadora, el llamado puede repuntar y ser bien recibido.
Porque en el fondo, lo que queda de la CASEN 2009 es el avance y las insuficiencias. Avance en materia de políticas sociales, que lograron proteger como antes no se hacía en momentos de crisis económicas de envergadura. Hay que mencionar también que el coeficiente de Gini que mide la desigualdad mantiene la buena trayectoria que se evidenció a partir del 2006. O sea, que lentamente se avanza en materia de desigualdad. Pero la CASEN también demuestra las muchas insuficiencias en nuestro sistema de protección, así como las vulnerabilidades de la nueva clase media (aquella que viene saliendo recién de la pobreza) ante cualquier imprevisto como una crisis o el desempleo. ¿Qué significa todo ello? Que nos resta mucho trabajo todavía para construir una sociedad más justa.
Todos nos sentiríamos llamados a colaborar en ese esfuerzo. Afinando instrumentos y haciendo más eficaces las políticas sociales, como correctamente ha apuntado el Ministro Kast –claro que sin mucha novedad, porque aquello ya había sido señalado transversalmente el año 2008 por la Comisión de Equidad. Evitando que la corrupción y los conflictos de interés terminen desviando la atención de la autoridad. Trabajando de buena fe por la justicia social.
Si el Presidente así lo hace, contaría con el apoyo de la mayoría sensata. Y puede que no obtenga dividendo inmediato, pero claramente sí habría ganancia futura. Podrá perder un balón en la media cancha, como el holandés, pero todos sabemos que no son esos los balones que hacen historia.
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CASEN: Pobreza y rigor
Por Daniel Hojman, académico de la Escuela de Gobierno de la Universidad de Harvard | 15 de Julio
El aumento de la pobreza que mostró la última encuesta CASEN ha sido atribuido por el Presidente a la dilapidación de recursos públicos, programas sociales ineficientes y la corrupción. Los datos conocidos hasta ahora no entregan argumentos para sustentar esa tesis, sino que más bien apuntan al impacto del alza del valor de los alimentos y la crisis internacional. Lo que parece una estrategia para desprestigiar a la administración de Bachelet demuestra falta de rigor del mandatario y pone en riesgo su credibilidad.
A juzgar por la cobertura de prensa, los comentarios en las redes sociales y la cadena televisiva del Presidente Sebastián Piñera, el aumento de la fracción de pobres de un 13,7% de la población en diciembre del 2006 a un 15,1% en diciembre del 2009 tuvo un impacto comunicacional significativo.
Para los entendidos, no hubo sorpresa alguna. Quizás la única sorpresa del anuncio del Presidente el día martes 13 de julio fue su falta de rigor.
Esta última afirmación requiere fundamento. Tras anunciar la mala noticia del aumento de la pobreza, el mandatario se refirió a la dilapidación de recursos mal focalizados y declaró que el gasto social “desgraciadamente muchas veces no llega a quienes realmente lo necesitan porque los recursos se quedan entrampados en la burocracia o porque se despilfarran en gastos innecesarios o sencillamente porque se quedan en las garras de la corrupción.” Haciendo eco, la vocera de gobierno señaló que “si las políticas sociales se estuviesen haciendo bien no tendríamos un aumento en la pobreza”. Ni el Presidente ni la vocera hicieron mención a la crisis económica u otros factores como el alza del precio de los alimentos a raíz de una crisis alimentaria mundial como posibles explicaciones.
Si hubiese que guiarse por la autoridad que le confiere a Sebastián Piñera no solo el cargo presidencial, sino también el conocimiento técnico de un empresario exitoso con un doctorado en economía de Universidad de Harvard, un observador ingenuo se vería obligado a aceptar dos hipótesis. Primero, el aumento en la pobreza se debió fundamentalmente al fracaso de las políticas sociales del gobierno anterior. Segundo, las prácticas administrativas de ese gobierno fueron menos que aceptables.
La primera hipótesis es falsa por a lo menos tres razones independientes. La condición de pobreza se determina en base a un ingreso de corte –algo más de $64,000 por persona en zonas urbanas, la línea de pobreza. Ese monto corresponde a dos veces el valor de una canasta de bienes que busca representar el consumo de un hogar de bajos ingresos. Debido a que los pobres destinan más de la mitad de su ingreso al consumo de alimentos, la canasta es más intensiva en alimentos que la canasta que usada para determinar el IPC y la inflación. Entre el 2006 y el 2009 el mundo enfrentó una crisis alimenticia que se reflejó en un aumento desproporcionado del precio de los alimentos como los vegetales y el pan. El valor real de la canasta usada para fijar la línea de la pobreza subió 18% (es decir, creció 18% “por encima” de la inflación de la economía). Una estimación conservadora, es que una línea de pobreza 18% más alta puede explicar 4 puntos de la pobreza medida para el 2009. En consecuencia, el alza desproporcionada del precio de los alimentos por sí sola puede explicar el aumento de la pobreza (y tal vez más), algo que podrá confirmarse cuando todos los datos de la CASEN estén disponibles (hasta ahora sólo se han dado a conocer resultados generales). Esta alza es pobreza nueva, pero se origina en los mercados internacionales y la crisis alimentaria mundial. No puede achacarse a políticas sociales.
El segundo factor es la crisis financiera internacional cuyo impacto en Chile fue más moderado que en otras economías pero que igualmente estuvo asociado a un alza del desempleo y posiblemente caídas en el ingreso. No es obvio cuán importante es la contribución de la crisis financiera a la pobreza, pero sin duda aportó.
La tercera razón no dice relación con las posibles causas del aumento. El índice de pobreza se basa en mediciones de ingreso. Sin embargo, muchos de los programas sociales de la administración de Bachelet (y de cualquier gobierno) no afectan directamente el ingreso autónomo. Ejemplos incluyen la expansión de prestaciones de salud y el AUGE, el acceso a jardines infantiles, políticas de vivienda. Esto no es una crítica al índice de pobreza como un indicador válido. Es una crítica del uso de ese indicador para enjuiciar políticas sociales que, por definición, no se verán reflejadas en ingresos, a lo menos en el corto plazo. Un juicio sobre esas políticas requiere ya sea de una evaluación específica o bien complementar los datos de ingreso autónomo de la encuesta CASEN con otros datos de la misma u otras encuestas.
Por último, aunque los argumentos anteriores fueran desmentidos, eso sólo podría hacerse sobre la base de un análisis cuidadoso de la evidencia. El perfeccionamiento de las políticas públicas exige que se evalúen en su mérito. Si una evaluación seria de los programas sociales, una que apunte no solo a cuantificar el impacto en los ingresos de un programa sino también en otras variables de bienestar –incluyendo los efectos para las comunidades– demuestra que hay programas ineficientes o que sería mejor refocalizar el gasto en programas de mayor impacto, bienvenido.
Aunque en comparaciones internacionales Chile aparece consistentemente en la última década entre los 25 países menos corruptos del mundo y con índices comparables a los de Francia o Japón, hay consenso sobre la necesidad de una política de tolerancia cero contra la corrupción. Lo inaceptable es saltarse el más mínimo rigor en un tema tan delicado, hacerlo en forma deliberada y con la intención principal de golpear a los gobiernos anteriores. Para la galería. Es más, en lo sustantivo, la propia propuesta del gobierno sugiere la necesidad de profundizar la red de protección social instalada en los gobiernos de la Concertación. En concreto, el Ingreso Ético Familiar que se propone es bastante continuista y sus fundamentos se hallan en conclusiones y propuestas del Consejo Presidencial Trabajo y Equidad encargado por la administración anterior (Ver capítulo 1 del informe de la llamada Comisión Meller). Esto sugiere que más que demoler lo anterior, se trata de perfeccionarlo. ¿Por qué no plantearlo así? ¿No es esa una forma más constructiva de apelar a la unidad necesaria para erradicar la pobreza? ¿Por qué estimular la retaliación y exponerse a la pérdida de credibilidad?
En suma, los dichos del Presidente y su vocera no gozan de soporte técnico. Es plenamente factible que al analizar la evidencia y controlar por el efecto del alza del precio de los alimentos y el ciclo económico descubramos que el impacto de las políticas sociales del gobierno anterior sobre la pobreza fue positivo en lo grueso y que no hubo un cambio “estructural” en la tendencia. O tal vez sí, lo dirá el análisis. También es factible que refocalizar el gasto conduzca a mejoras. La opción del Presidente por enlodar la gestión anterior puede surtir el deseado efecto de reducir la popularidad de Michelle Bachelet. Al mismo tiempo siembra más dudas sobre su credibilidad. Esta vez, no se trata del incumplimiento de una promesa de campaña y, aunque no es el primer argumento falaz y populista que hemos escuchado, se ha ido un paso más allá. La desprolijidad del Presidente en este episodio es un pasivo para la credibilidad de sus técnicos, muchos de los cuales admiro tanto profesional como humanamente. Si el Presidente sugiere que el alza en pobreza se debe a la dilapidación y las “garras de la corrupción”, sus ministros pueden matizar sus dichos pero no contradecirlo.
Es de esperar que un tema tan serio como la pobreza y la distribución del ingreso, donde entender los determinantes y evaluar las políticas es de primer orden, el gobierno piense y hable con todo el rigor de quienes aspiran a la excelencia. Las de popularidad Bachelet, Lavín o Piñera, la mezquindad política, no afectan la realidad de la pobreza. Más allá de las legítimas diferencias que existan sobre la visión de sociedad que queremos, erradicar la pobreza es un anhelo compartido. Todos deben estar a la altura de esa tarea.
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CASEN: El gasto social no es ineficiente, es insuficiente
Claudia Sanhueza, jefa del proyecto CASEN 2009 y académica de la Facultad de Economía y Negocios, UAH.
El monto que Chile gasta en transferir directamente dinero para combatir la pobreza es bajísimo en comparación con otros países de igual nivel de desarrollo. Durante la última década, la porción del PIB destinada al gasto social tampoco ha aumentado. Se culpa a la ineficiencia de los planes sociales del aumento de la pobreza, pero lo que hay que revisar es cuánto se está invirtiendo para combatirla.
En la literatura económica se destacan básicamente dos caminos para combatir la pobreza de ingresos: crecimiento económico y transferencias monetarias (condicionadas y no condicionadas). El gasto social en Chile para combatir la pobreza monetaria usando transferencias monetarias es bajo (0.7% del PIB), no solamente con respecto a países más desarrollados (2% del PIB en OECD, 1,5% en Europa Continental), sino con respecto a países de igual desarrollo (1,2% del PIB en América Latina).
Aún así, incluso el actual mínimo gasto social en este tipo de transferencias tiene un impacto relevante sobre la pobreza de ingresos. Usando la CASEN 2006, si calculamos la pobreza sin subsidios monetarios ésta sería 17,9%, es decir este tipo de subsidios impidió que la pobreza fuera un 30% más alta ese año.
El gasto social era 16% del PIB el año 2003 y se ha mantenido estable en esa proporción durante los últimos 10 años. Este gasto es bajo en comparación al promedio OECD (25%), Europa Continental (30%) y Estados Unidos (20%). De ese total, el año 2003 solamente un 4% se gastaba en transferencias monetarias de asistencia social a los más pobres, el resto corresponde a educación, salud, vivienda, pensiones del INP y FFAA, y otros. A su vez, ese 4% del gasto social se compone mayormente (46%) de pensiones asistenciales (PASIS), 12% de subsidio único familiar (SUF), 10% de otros subsidios a las familias, 7% en subsidios de agua potable, 7% en becas, 3.3% en transferencias en especies como útiles escolares y alimentación escolar, 3.3% en Chile Solidario y 12% en otros tipos de transferencias de protección social. Es decir, Chile Solidario, el programa más importante contra la extrema pobreza en Chile, gasta aproximadamente 0.08% del PIB.
Dado este gasto social mínimo en transferencias monetarias de asistencia social a los más pobres, ¿por qué esperar tanto de él?
Chile ha basado su combate contra la pobreza principalmente en crecimiento económico y su consecuente creación de empleo. Sin embargo, cuando el crecimiento se deteriora en periodos de crisis económicas, si no existe protección a los ingresos laborales, las condiciones socioeconómicas de los más pobres se ven deterioradas significativamente. Un mecanismo de protección a los ingresos es el seguro de desempleo. Sin embargo, éste solamente está disponible para los trabajadores del sector formal y el 45% de los trabajadores asalariados del 10% más pobre es informal. Por otra parte, los deciles más pobres también presentan las mayores tasas de desocupación e inactividad laboral.
En América Latina hay varias experiencias de transferencias monetarias (condicionadas) que tienen efectos significativos en el combate contra la pobreza (Progresa de México y Bolsa Familia de Brasil, cuyos costos son 0,37% del PIB). Son transferencias que no dependen del ciclo económico sino que aseguran un mínimo de ingreso si las familias cumplen con ciertas condiciones referidas principalmente al capital humano de los niños.
Cuando en Chile logremos diseñar un mecanismo de transferencias de ingresos a los más pobres que sea relevante y no dependa del ciclo económico, entonces podremos esperar algo del gasto social en el combate contra a pobreza en medio de una crisis. Hasta ahora, con el actual mínimo gasto social en protección social, que la pobreza haya aumentado en 1,4% después de una crisis económica con un impacto relevante sobre el precio de los bienes básicos, no es nada para sorprenderse. Más que hacer eficiente el gasto social lo que necesitamos es un mayor gasto social y un mejor sistema de protección social.
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Gabriel Ruiz-Tagle, el Colo-Colo y la Contraloría
Por José Zalaquett
Una caricatura política de los tiempos de Ronald Reagan mostraba al presidente norteamericano en una reunión de gabinete. El Ministro de las Gallinas era un zorro; el Ministro de las Sardinas, un tiburón…
Muchos tienen una parecida imagen caricaturesca sobre los conflictos de intereses en el actual gobierno de Chile. Probablemente es exagerada, pero las medidas del presidente (o la falta de ellas) no ayudan mucho. El hito más reciente en esta saga es un dictamen de la Contraloría acerca de la calidad de importante accionista de Colo-Colo del subsecretario de Deportes, Gabriel Ruiz-Tagle. El documento se pronuncia, asimismo, sobre los nombramientos del Presidente en el área de la televisión, antes de que haya concretado la venta de Chilevisión.
Este es un tema ético y legal, pero susceptible de ser politizado. Conviene, por tanto, analizarlo lógicamente, punto por punto.
1. A la Contraloría le corresponde, entre otras funciones, velar por la legalidad de los actos del Poder Ejecutivo, no por su moralidad. Con todo, en la misma Constitución (que es la ley superior) se consagra el principio general de la probidad.
2. Los principios de moral pública dominantes en cierto momento en un país, suelen coincidir, en buena medida, con el contenido de sus leyes. Así, por ejemplo, en su gran mayoría, los delitos que la legislación sanciona son también condenables a la luz de la moral pública prevaleciente.
3. Sin embargo, y sobre todo en tiempos de veloces cambios sociales, hay muchos principios socialmente compartidos sobre ética pública que tardan en incorporarse en la ley, sea por la lentitud del proceso legislativo o por diferencias políticas sobre la forma concreta de darles respaldo legal. Esto fue lo que aconteció, en la primera mitad del siglo pasado, con la aceptación del voto de las mujeres (una discusión que hoy nos parece inconcebible). Es, también, lo que ha sucedido, en los últimos años, con la protección del medio ambiente o la probidad pública.
4. Aunque el principio general de probidad está incorporado en la Constitución chilena desde 2005, faltan normas que le den más precisión en el ámbito de los conflictos de intereses; por ejemplo, una ley sobre el llamado fideicomiso ciego. Con todo, las autoridades no debieran limitarse sólo a respetar la ley, sino, además, ceñir su conducta, a los principios de ética política ampliamente aceptados en la sociedad.
5. Más aún, en el caso de Gabriel Ruiz-Tagle, desde el punto de vista estrictamente legal - no solamente ético - hay una "situación generadora" de conflictos de intereses. Así lo implica el dictamen de la Contraloría al determinar que el encargado de deportes del gobierno debe abstenerse de tomar decisiones relativas al fútbol. Ruiz- Tagle afirma que ello no afectará su desempeño en el cargo. Esto es insostenible. Se trata, lejos, del deporte con más arraigo en la sociedad chilena. Imaginemos que un ministro de salud dijera que aunque no puede tomar decisiones sobre atención primaria, ello no afecta su labor.
6. No obstante, el dictamen de Contraloría, no buscó despejar "situaciones generadoras" de conflictos sino que concluyó que el conflicto debe materializarse en una decisión determinada. En el caso de Ruiz-Tagle supone, correctamente, que sus decisiones sobre fútbol "materializarían" el conflicto latente. En el caso del Presidente el dictamen declara que las normas generales sobre probidad le son aplicables y que la Contraloría puede examinar futuras decisiones. Sin embargo, no se pronuncia sobre las situaciones suyas que actualmente son generadoras de conflictos de intereses.
7. Discrepo de esta interpretación restrictiva. Opino que el principio de probidad exige que se eviten las situaciones que generan conflictos, y no esperar que ello se traduzca en decisiones específicas. Aunque el dictamen anticipa que si Ruiz-Tagle tomara decisiones sobre el fútbol habría una colisión de intereses, resulta ingenuo suponer que si, en lugar de él, las adoptara su subalterno inmediato, no habría mayores problemas. Del mismo modo, restringiéndonos al caso de Colo-Colo, si bien el Presidente no se involucra en decisiones específicas sobre deportes, tiene responsabilidad ética al nombrar (o mantener en el cargo) a quien tiene un evidente conflicto de intereses por su calidad de accionista del principal club del deporte más popular, calidad que, además, él comparte.
8. En suma, pienso que Ruiz-Tagle debería vender sus acciones de Colo-Colo o renunciar; y que el Presidente Piñera debería también vender las suyas. Sobre esto ya anticipo algunas objeciones: que si se aplica la vara de la probidad a gobiernos de la Concertación, hay muchos casos que recordar; o bien, que con tanta crítica no se deja trabajar al gobierno… Acerca de lo primero, recordemos que los reproches a unos no invalidan los reproches a otros. Respecto de lo segundo, funciona mejor un gobierno que irradia legitimidad porque acata no sólo la ley, sino también los principios consagrados de ética pública.
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La grieta política que abrió la encuesta Casen
Por Ascanio Cavallo
La noticia del aumento de la pobreza mostró a un gobierno dividido en lo táctico -¿golpear o no a Bachelet?-, pero en la Concertación reabrió una división estratégica que se mantuvo bajo control mientras permaneció en el poder. ¿Qué ocurrirá ahora que no lo tiene?
¿Cuándo comenzó en Chile la contabilidad de los pobres? Oficialmente, la métrica de la pobreza entró a la política local en la campaña del plebiscito de 1988, cuando la Concertación descubrió que, después de 15 años de régimen militar, los pobres eran más de 4,5 millones, cerca del 40% del total de los chilenos. La cifra se metió con fuerza en la campaña del No y se convirtió en uno de los pocos temas "estadísticos" de la franja de propaganda televisiva.
Por 20 años, la disminución de los números y los porcentajes de la pobreza y la indigencia fueron un estandarte de la Concertación, no sólo frente a la derecha, sino sobre todo en sus discusiones internas. Por eso, los resultados de la encuesta Casen son mucho menos un golpe político de ocasión -como creyó el gobierno durante unas horas- que una bomba de profundidad con efecto retardado.
La singularidad de la encuesta es que, midiendo el lapso transcurrido entre 2006 y 2009 -todo el gobierno de Michelle Bachelet, menos sus seis meses iniciales y los cinco finales-, muestra por primera vez en 20 años un aumento de la pobreza y la indigencia de 1,4 punto, equivalente a más de 350 mil personas.
No son pocos en el gobierno los que creyeron ver la oportunidad que buscan desde marzo: castigar a la administración Bachelet y dañar la porfiada popularidad de la ex presidenta justo donde más le podría doler. El proyecto central del gobierno Bachelet, la red de protección social, mostraría sus forados.
Según los datos recogidos por el equipo de La Tercera, el lunes por la noche, con la encuesta Casen en mano, el ministro de Mideplan, Felipe Kast, se reunió con seis parlamentarios oficialistas para discutir el enfoque público de los resultados. Se planteó allí, como ha ocurrido en todos los temas y todos los espacios del gobierno, la misma disyuntiva: utilizar la información para atacar a Bachelet o dejar que los números hablasen por sí mismos.
Kast dijo esa noche que el gobierno no tenía interés en concentrarse en Bachelet, pero algunos parlamentarios insistieron en que al menos, debía vincularse el fracaso de algunos programas sociales con la corrupción, siguiendo la línea de la campaña presidencial.
Aunque se entendió que el gobierno dejaría la ofensiva antibacheletista a cargo de los parlamentarios, el martes, un discurso del Presidente y una intervención posterior de la ministra Ena von Baer poniendo el acento en la corrupción, cambiaron el eje táctico y sorprendieron a los propios congresistas que estaban en el secreto. Al mismo tiempo, motivaron la salida masiva de la Concertación en defensa de las políticas sociales de sus gobiernos. Y acto seguido, la advertencia de otros parlamentarios de gobierno (Longueira a la cabeza) de que no convendría politizar la discusión.
Es posible que estas idas y venidas hayan terminado por configurar lo que se venía intuyendo: que, en relación con el "problema" Bachelet, hay en el gobierno un ala de "halcones", encabezada por el ministro Rodrigo Hinzpeter, y un ala de "palomas", donde se alinean Kast y otros ministros. Y que entre ambas se mueve -por no decir oscila- el Presidente. Ya convencido de que las cifras tendrían su propia elocuencia, el miércoles se presentó en una inusitada cadena nacional de televisión, para definir el problema de la pobreza como un asunto de unidad nacional.
Las razones para desistir del empleo agresivo de la encuesta Casen no fueron sólo tácticas. Por malos que sean sus resultados, el gobierno de Bachelet siempre podrá decir que la crisis financiera del 2009 incrementó la pobreza en todo el mundo y que la conducción de la economía chilena impidió que la situación del país fuese aun peor. Y tendría otras cifras macro para lucir, todas las cuales elevaron el nivel de calificación internacional de la economía chilena.
En esas condiciones, centrar el debate en el aumento de la pobreza arrojaría dudosos dividendos locales y, a dos días del "Chile day" en Wall Street y en medio de los elogios europeos a las certidumbres de las economías latinoamericanas (encabezadas por Chile), pésimos dividendos externos.
Además, la agitación de la pobreza tendría que situarse en los márgenes (1,4% de aumento sobre el 13,7), una situación enteramente diferente de la que tuvo la Concertación con el 40% de comienzos de los 90. Peor aún, podría terminar poniendo el foco en el salario mínimo, cuyos incrementos negociados en la semana previa -como advirtió la investigadora Andrea Repetto- no tendrían la capacidad de reducir la pobreza.
Y, por fin, podría significar también un disparo en los pies. Los ministerios sociales del gobierno saben que la pobreza sufrió otro salto con el terremoto de febrero, que aún no está medido y que tomará algunos años de recuperación. Podría ocurrir que para el 2014, al final del gobierno y con la siguiente Casen, los números no sean tanto mejores que ahora.
Pero si el gobierno se divide en lo táctico, la discusión sobre la pobreza introduce en la Concertación una división estratégica.
Ella se venía insinuando en las acusaciones del ex ministro Francisco Vidal en contra de su compañero de gabinete Andrés Velasco, a quien partió culpando de la derrota electoral y ha seguido atribuyendo la pérdida de encanto de la coalición caída. Es una idea que agrada a un sector amplio de la Concertación, porque atenúa sus propias responsabilidades respecto de lo que ocurrió en las elecciones.
Vidal hace con Velasco lo que Marco Enríquez-Ominami hizo con Camilo Escalona durante la campaña: personalizar la crítica y el fracaso, la profecía y su ejecución. La única persona que podría zanjar esta discusión es la ex Presidenta Bachelet. Pero es improbable que lo haga; primero, porque no querrá enredar su popularidad con un debate ingrato (como le pasó a Escalona) y luego, porque probablemente sienta que la supervivencia de la Concertación depende de que gente como Vidal no emigre hacia otros grupos.
Lo cierto es que Vidal y el diputado Gabriel Silber firmaron un documento conjunto con el senador Guido Girardi, el dirigente del PS Gonzalo Martner y el ex senador Carlos Ominami, que culpa al "neoliberalismo" y a "autoridades económicas arrogantes" de un crecimiento de la pobreza "que no era inevitable". Esto ocurrió el martes, en las mismas horas en que el ex ministro Sergio Bitar coordinaba con la ex ministra Clarisa Hardy la estrategia de defensa de la gestión de Bachelet.
No es fácil, ni conceptual ni políticamente, separar al "neoliberalismo" de los presidentes que encabezaron esas políticas (Bachelet, Lagos, Frei), ni menos de las autoridades "arrogantes" que cada uno tuvo a cargo de la economía (Velasco, Eyzaguirre, Aninat). La dificultad esencial de decir ahora que se estuvo en desacuerdo es por qué el disenso no se expresó en el momento adecuado.
Con todo, esa dificultad no oscurece lo central: con su documento del martes y las airadas reacciones que suscitó en el resto de la Concertación, Vidal, Girardi y los otros firmantes inauguraron una versión remozada, una versión 2.0, de los "autoflagelantes" de 1998, donde ya estaban Ominami y Martner. En breve: los que creen que se pudo hacer más, a condición de cambiar las reglas heredadas.
El significado inmediato de esto es que la encuesta Casen reabrió en la Concertación la grieta con la que ha convivido por más de una década y que consiguió mantener controlada mientras permaneció en el poder. ¿Qué ocurrirá ahora que no lo tiene?
Una cosa se puede anticipar: el discurso "autoflagelante" tiene un aire tan trasnochado como el "autocomplaciente". Denunciar los errores de los que se fue parte es igual de inicuo que defender los mismos u otros errores. El debate entre las dos almas envejece a velocidad mayor que sus protagonistas. Extenúa. Aburre.
Pero esto puede despejar en forma inesperadamente temprana el principal dilema de la Concertación. Ahora parece claro que para reconstruirse tendrá que incorporar una dimensión autocrítica, ya no sobre su renovación generacional o su repertorio programático o sus candidatos presidenciales, sino más bien, sobre su manera de hacer las cosas. El tipo de autocrítica que, por no tenerla, le ha impedido a Rajoy devolver el poder a la derecha en España y que, por tenerla, le permitió a Tony Blair ganarlo para el laborismo en el Reino Unido.
Es un tono, un estilo, un aire de justicia. Y sobre todo, de honradez intelectual.
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Pobreza y política
Por Carlos Peña
La encuesta Casen -trajo una mala noticia: los pobres aumentaron por primera vez en los últimos veinte años- plantea, una vez más, el viejo problema de las relaciones entre la economía y la política.
En estas materias el conservantismo y el progresismo, la derecha y la izquierda, siempre han tenido posiciones encontradas.
Una de las ideas conservadoras más acendradas -por ejemplo en la obra de Hayek- consiste en sostener que la vida social tiene un ritmo evolutivo que es mejor no alterar. Creer que un puñado de políticas sociales puede hacer el mundo más justo o menos pobre, es, dijo Hayek, una fatal arrogancia. El orden social evoluciona espontáneamente y es mejor, sugiere este punto de vista, que la política lo altere lo menos posible.
El progresismo, en cambio, siempre sostuvo que la tarea de la política era torcer el curso de lo espontáneo. El estado de bienestar -un conjunto de prestaciones garantizadas a los ciudadanos bajo la forma de derechos, según lo definió T.H. Marshall- podía corregir el tronco torcido del mercado. Creer que el orden social evoluciona en forma espontánea, dijo el progresismo, equivale a "naturalizar" los mecanismos de mercado independizándolos de la política.
Así entonces el conservantismo sugirió una intervención mínima y bien focalizada y el progresismo una intervención más bien amplia y de carácter universal.
El conservantismo tuvo en Chile su oportunidad durante la dictadura. Allí, durante diecisiete años, desde la educación a la salud se organizaron para evitar lo que Hayek llamaba la "fatal arrogancia". El resultado al cabo de ese tiempo fueron casi cinco millones de pobres.
El progresismo por su parte -o, si se prefiere, la socialdemocracia- tuvo la suya durante los últimos veinte. La pobreza disminuyó a la mitad y sólo se incrementó, lo sabemos ahora, el último período.
¿Qué lecciones sacar de todo eso? ¿Quién ganó y quién perdió -desde el punto de vista político- a la luz de los resultados de la encuesta Casen?
Desde luego, no hay nada en la última encuesta Casen que ponga en cuestión el modelo de protección social (esa forma morigerada de estado de bienestar) de los últimos años. Salvo quienes piensan que las prestaciones sociales privan a la gente de incentivos para trabajar -contribuyendo así a incrementar la pobreza en vez de a disminuirla-, no parece haber nadie que vea razones para torcer el curso de las políticas sociales. El modelo progresista, por llamarlo así, sigue en pie.
Sin embargo, no cabe duda que la forma de ejecutar ese puñado de políticas -con qué eficiencia, con cuál rigor, con qué escrúpulo- debe ser materia de un examen detenido y nadie debe ofenderse por eso. Piñera tiene todo el derecho de someter a examen lo que -a la luz de esas cifras- hizo el gobierno de Michelle Bachelet. La actitud crítica en esta materia es indispensable para la buena salud de los asuntos públicos. ¿Que un debate como ese puede politizar el tema de la pobreza? Sin duda, pero de eso se trata. El progresismo, o la socialdemocracia, al revés de Hayek, siempre han creído que el tema de la pobreza es una cuestión política.
Tampoco es motivo de alarma que al interior del progresismo ese debate se plantee. Después de todo, y si se mira con cuidado, dentro del progresismo hay también quienes a la hora de escoger entre los extremos de Hayek o Marshall prefieren a Hayek. En la Concertación también hay quienes tienden a naturalizar el orden de mercado y es indispensable examinar si ellos, por la vía de hacer más flojas las políticas sociales, contribuyeron a las cifras Casen. Este es un contrafáctico de difícil solución (qué habría pasado si...) pero puede dar una oportunidad para debatir si es la técnica, o en cambio la política, la que provee de razones definitivas para gobernar.
Y todo este debate ayudará a no olvidar que, al final del día, el éxito o el fracaso de la política se miden por su capacidad para hacer del mundo un lugar más justo y a la gente más segura y menos pobre.
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Educación: más medidas, menos claridad
Por José Joaquín Brunner
Estamos frente a una revolución anunciada, pero que carece de un proyecto, de objetivos claros, prioridades y estrategia.
Tener una visión comprensible de dónde se desea llegar y especificarla en pocas y bien definidas prioridades es una condición esencial para llevar adelante una política ambiciosa de reforma educacional. Tal es la principal lección que enseñan países exitosos como Corea, Australia y Finlandia.
La visión transmite a la sociedad un propósito moral y contribuye a movilizar voluntades y a generar acuerdos; las prioridades determinan la estrategia y guían los procesos de implementación. A esto se refería Edgardo Boeninger, nuestro mejor ejemplo de un conductor e implementador de políticas de cambio, cuando hablaba de la imperiosa necesidad de contar con una "carta de navegación".
Justo en el ámbito educacional, donde el actual gobierno anuncia una revolución, se echa de menos todo esto: visión, prioridades, estrategia, carta de navegación. Al contrario, se acumulan sin parar nuevas propuestas de muy desigual importancia, valor y potencial para mejorar la calidad y equidad del sistema escolar.
Así, por ejemplo, se ha anunciado una inversión de US$ 1.200 millones para construir o reparar mil escuelas y más de 300 salas cunas; el pronto despacho de la ley que establece una nueva institucionalidad educacional; echar a andar en marzo próximo 15 liceos altamente selectivos como el Instituto Nacional; la modernización del Mineduc; duplicar el valor de la subvención escolar a lo largo de los próximos 8 años.
Otros anuncios son mantener abiertos los colegios municipales hasta las ocho de la noche; aumentar la calidad y cantidad de computadores y conexiones a internet en escuelas vulnerables, junto con dotarlas de mil pizarrones electrónicos; multiplicar las veces que se aplica el Simce e incluir más áreas, como inglés y educación física; bombardear a los padres con la información generada por estas evaluaciones.
Y también se suman fijar un puntaje mínimo para el ingreso a las carreras de pedagogía; convocar, dentro del próximo mes de agosto, a la creación de una nueva institucionalidad para la educación superior que supere las insuficiencias del Consejo de Rectores; modificar sustancialmente el modelo de financiamiento de la educación superior, etc.
Se trata pues de una variopinta colección de medidas (en continua expansión) que no ofrece una visión coherente a la sociedad ni parece obedecer a un planteamiento gubernamental congruente.
Tampoco aparecen estas medidas debidamente priorizadas. Al momento, semejan más el material para un ejercicio académico sobre opciones para una reforma educacional que a un diseño de política con posibilidades efectivas de implementación. En breve, estamos frente a una revolución anunciada, pero que carece de un proyecto, de objetivos claros, prioridades y estrategia.
De hecho, al día de hoy poco se sabe del avance de las dos tareas que, de suyo, son prioritarias e ineludibles: la construcción y reparación de establecimientos y el despacho de la ley que crea la nueva institucionalidad escolar.
La mayoría de las demás medidas enunciadas no pasan aún, siquiera, a la etapa de formulación concreta. Por lo mismo, el diálogo en torno a ellas, con el fin de buscar acuerdos, prácticamente no ha comenzado.
Sólo se avanza -claro que con escasa atención a las críticas que han proliferado- en dos frentes: la creación de 15 liceos, cuya excelencia se aseguraría mediante una fuerte selección, y el semáforo informativo de los resultados Simce. Dos medidas, por lo demás, difíciles de compatibilizar con un enfoque de equidad educacional.
En suma, el Gobierno no ha encontrado aún, o no ha mostrado, su carta de navegación para el sector educacional.
Al día de hoy, poco se sabe del avance de las dos tareas que, de suyo, son prioritarias e ineludibles: la construcción y reparación de establecimientos y el despacho de la ley que crea la nueva institucionalidad escolar. http://diario.elmercurio.cl
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