- Carlos Peña y el movimiento estudiantil de “masas”, por Leopoldo Lavín Mujica
- La educación: antídoto contra el trabajo infantil, por María Estela Ortiz Rojas
- Rumbo al despeñadero, por Ricardo Solari
- Un ladrillazo contra Sergio de Castro, por Graciela Galarce
- Cuadrar el círculo, por Carlos Peña
Carlos Peña y el movimiento estudiantil de “masas”
Por
Leopoldo Lavín Mujica
- Para Carlos Peña, columnista de El Mercurio y rector de la Universidad Diego Portales, las movilizaciones estudiantiles son un “fenómeno de masas”. Con tal calificativo -de “masas protagonistas”- el articulista no se refiere al carácter masivo de las manifestaciones estudiantiles y del magisterio, sino que pretende restarle importancia a la envergadura del movimiento social estudiantil y docente y a la justeza de sus reivindicaciones en torno a la educación.
Carlos Peña, en su calidad de miembro de la Comisión de Educación creada por el Gobierno fue uno de los promotores intelectuales de la llamada Ley General de Educación (LGE) cuestionada por el movimiento estudiantil y docente. Así, en el contexto del relato que el columnista construye en la edición de El Mercurio del domingo 8 del mes en curso, la caracterización de “masas” tiende a darle al movimiento por una educación pública de calidad una connotación abiertamente peyorativa. El rector buscó crear un efecto de amalgama entre las masivas movilizaciones estudiantiles con otros dos acontecimientos de signo distinto: el paro de los camioneros, que responden a la coyuntura energética internacional exigiendo que se les subvencione, y el movimiento de simpatía patriótica generado por los medios después de la muerte accidental del General de Carabineros.
Según el columnista, se trataría en los tres casos de individuos que actúan juntos (como masa) de manera homogénea respondiendo a estímulos enviados por un agente o circunstancia exterior (alguien o algo mueve los hilos y las masas se mueven como marionetas), sin discernimiento, por lo tanto, desprovistos de espíritu crítico.
Resumiendo, para Peña, si “las masas son protagonistas”, como ocurre con el movimiento social que expresa las aspiraciones de los principales actores, los profesores y estudiantes, en paro nacional e indefinido por el retiro del proyecto de ley, es porque son “manipuladas” y “consentidas”. Tal tipo de razonamiento de su parte le permite amalgamar (1) las movilizaciones estudiantiles con los otros dos tipos de sucesos de signo sociológico completamente distinto.
Contra toda lógica, cuando Peña trata de analizar las circunstancias que explican las movilizaciones estudiantiles, se aleja del tema para referirse más bien de manera paradojal a los efectos perversos del sistema de educación privado y mercantil defendido a pié juntillas por él (el caso de los 25.000 estudiantes de abogacía producidos por el sistema actual). Pero, precisamente, por lo mismo, criticado y tácitamente denunciado por el movimiento estudiantil.
Es muy difícil, desde una posición social de rector de una universidad privada, sacarse el velo ideológico de defensor de intereses de clase y de elite que se encarnan en el modelo mercantil de enseñanza para así poder constatar, libre de amarras, que éste constituye una rémora para el desarrollo educativo de Chile.
Más aún, el rector de la Universidad Diego Portales continúa pensando en términos del paradigma comunicacional que exagera el poder de los medios hegemónicos sobre las consciencias individuales (2). Cuando al contrario, si se considera que los medios oligarcas -como El Mercurio que le da tribuna a Peña- defienden las tesis del negocio de la educación, que precisamente los estudiantes y docentes denuncian, dando prueba de manera fehaciente de autonomía y de espíritu crítico deliberativo.
Es lo que indigna a las elites: ¿cómo es posible que las masas estudiantiles y los profesores rechacen el neoliberalismo en la educación?
¿No es Jürgen Habermas acaso quién desde su paradigma del “espacio público” libra una enconada crítica contra la concentración de la prensa en las sociedades democráticas para que la opinión pública y soberana no quede a la merced de medios que defienden intereses e ideologías particulares?
Cómo olvidar que fue el propio movimiento estudiantil secundario el que con sus movilizaciones en el 2006 puso en el tapete de la discusión en la esfera pública y mediática el carácter mercantil y deficiente del sistema de educación y de la LOCE. Fueron las movilizaciones estudiantiles las que obligaron al gobierno a crear una comisión, de la cual Peña ha sido un miembro influyente. Imposible olvidarlo.
Tal actitud, de aparente incomprensión y de enojo demostrada por Peña en sus columnas, es la que el filósofo Peter Sloterdijk, en su obra, Crítica de la Razón Cínica, citado por el rector de la UDP en su columna, caracterizaría como proveniente de lo que aquél designa como “el saber del cinismo de la clase de los amos (que) reposa sobre una falsa superioridad”. El pensador alemán aclara inmediatamente: “El poderoso vela sobre sus ventajas y es así como se pone a sí mismo en una posición moralmente dudosa” (3).
Porque, citar a Bourdieu, como lo hace Peña, para criticar a un pujante movimiento de carácter social antineoliberal es torcerle el brazo al pensamiento y a la biografía del pensador crítico de las distinciones y de la reproducción de las clases sociales a través de la educación y la cultura. Pierre Bourdieu, veía como una amenaza al desarrollo del conocimiento humano y de la ciencia el tipo de enseñanza instrumental determinada por el interés en el lucro que producen las universidades privadas y que en Chile crecieron como hongos durante la dictadura.
El sociólogo francés fue un defensor “ acharné ” de una educación pública, pluralista, laica y desinteresada. Además, el sociólogo bajó a la arena pública, apoyó y participó, en las manifestaciones de las “masas” obreras y estudiantiles en París cuando éstas defendían sus derechos en un marco de arremetidas neoliberales de los gobiernos franceses. Era la vuelta del intelectual comprometido. En un mundo que Pierre Bourdieu consideraba arrasado por la lógica de la mercancía en el campo de la información, la cultura y el conocimiento.
Cabe una interrogación fundamental que Peña y los defensores de la educación privada y lucrativa no responden: ¿No es acaso normal que un sistema privado de educación demuestre sus capacidades y méritos sólo cuando compite con un sistema público gratuito de calidad y con infraestructura y personal de primera financiado con las cuantiosas arcas fiscales del Estado y accesible a todos?
¿No es en el marco de una sana competencia entre institutos públicos y privados que la investigación y la innovación tecnológica podrá desarrollarse?
Las sociedades democráticas deben otorgar a los ciudadanos la posibilidad de escoger entre un sistema público y nacional de educación, dotado de medios y de procesos de selección de docentes competentes, interesado en velar por el bien común, y, uno privado, que funciona tanto en la enseñanza cómo en la investigación bajo las presiones de la lógica del lucro.
En las universidades privadas la tendencia es que las juntas de accionistas y los consejos de administración velen por la aplicación de criterios del management de empresa y por la formación de “capital humano” (sic).
Lo obvio se oculta. No es posible que estudiar en un colegio privado chileno o en una universidad cualquiera sea más oneroso que hacerlo en un establecimiento secundario o universidad canadiense (4). Desde todo punto de vista hay una irracionalidad evidente y un negocio lucrativo para algunos.
Al menos la posición del movimiento estudiantil es clara. Ellos exigen dotar a Chile de un sistema educativo con infraestructura material y docente, público-estatal, de acceso universal, gratuito y laico para Chile, desde la primaria a la universitaria. Carlos Peña olvida que fueron los estudiantes quienes más han pujado por construir un espacio cívico y a fortalecer las virtudes democráticas forzando al debate nacional en torno a la educación. Sloterdijk, Habermas y Bourdieu (si pudiera) verían en ellos un resplandor de esperanza en un mundo cada vez más regulado por la lógica del lucro privado.
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(1) Según el diccionario de la RAE, “amalgamar es unir o mezclar cosas de naturaleza contraria o distinta”.
(2) El otro paradigma, el de la recepción, considera que los receptores o las audiencias de los mensajes mediáticos son más o menos capaces, dependiendo de las condiciones más o menos favorables, de procesar y de interpretar las informaciones entregadas por los medios e, incluso, de crear acontecimientos que construyen nuevos esquemas de percepción y de interpretación de la realidad. Es obvio que un sistema que garantice la pluralidad de la información es determinante en la calidad de la información.
(3) Critique de la raison cynique, Peter Sloterdijk, Christian Bourgeois éditeur 1985, pour la traduction française, citación de la página 187. La traducción al español es mía.
(4) Sin comparar las infraestructuras, los salarios del cuerpo docente y el sistema de becas.
*Leopoldo Lavín Mujica, Profesor, Département de philosophie, Collège de Limoilou, Québec, Canadá.
http://www.elclarin.cl
La educación: antídoto contra el trabajo infantil
Por María Estela Ortiz Rojas, vicepresidenta ejecutiva de la Junta Nacional de Jardines Infantiles (Junji)
El 12 de junio pasado se celebró, silenciosamente, el Día Mundial contra el Trabajo Infantil. El hecho tuvo poca prensa y menos aún pronunciamientos públicos.
Instaurado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) a fines de los '80, esta jornada pretende ser un llamado de atención por una de las prácticas más contradictorias para el desarrollo económico y social de la humanidad. En la actualidad, cerca de 170 millones de niños de entre cinco y catorce años son obligados a trabajar en el mundo; 125 millones de ellos lo hacen en oficios peligrosos. En América Latina, por causa del trabajo infantil, seis millones de niñas y niños ven vulnerados sus derechos.
Para este año, la OIT fue clara y enfática en señalar que la educación es la respuesta más acertada para evitar el trabajo infantil. Para prevenir y erradicar estas prácticas, los gobiernos deben propiciar tres cosas: educación para todos los niños, al menos hasta la edad mínima de admisión al empleo; políticas educativas dirigidas a una educación de calidad y una formación calificada con recursos adecuados, y educación para promover la lucha contra el trabajo infantil.
Las conclusiones del estado de situación que hace la Organización Internacional del Trabajo son alarmantes: la mayoría de los niños que trabajan en verdad son niñas, y lo hacen durante largas horas y en condiciones peligrosas. Producto de la pobreza, en la mayoría de los casos, las familias optan porque sean las niñas quienes son obligadas a trabajar, privilegiando que sea el pequeño hijo hombre quien vaya a la escuela, puesto que no están en condiciones de que todos los hijos tengan esa oportunidad.
Para peor, en un porcentaje importante, el "trabajo" infantil no deja de ser un eufemismo, porque lo que está oculto es la explotación sexual, y las niñas son las principales víctimas.
A veces, tendemos a pensar que estas denuncias nos son ajenas y no es fácil encontrar cifras relativas al trabajo y la explotación infantil en nuestro país. Sin embargo, y aunque esta lamentable e injusta realidad es mucho más reiterada en otros países de América Latina, seríamos ciegos si no reconocemos que cotidianamente vemos niños y niñas ejercer labores que por su edad resultan impropias. Lo vemos en la calle, pero también en cadenas de supermercados y en el mercado informal.
Tal como lo dice la OIT, pareciera ya indiscutible asumir que en la medida en que un niño o una niña pueda recibir, de parte del Estado, protección y educación de calidad, se hace más difícil que el trabajo infantil siga proliferando. En ese sentido, la actual política del Gobierno de generar oportunidades históricas para acoger y educar desde la cuna, es decir, desde la primera infancia, es un eficiente antídoto en contra del trabajo de nuestros niños y niñas. En la realidad chilena, el gran esfuerzo que se está haciendo de crear miles de nuevas salas cuna y jardines infantiles gratuitos y de calidad para beneficiar a 40% de los niños y sus familias más pobres del país, tiene además del beneficio en sí mismo el efecto secundario de ayudar a que esas familias no se vean obligadas de enviar a trabajar a sus hijos y sean ambos padres quienes se ocupen de llevar el sustento al hogar.
Proteger desde la cuna es la mejor forma para salir de la pobreza y evitar sentirse socialmente excluido. La inversión en la educación desde la primera infancia, además, es una decisión económicamente rentable. La misma OIT, en otro estudio reciente, concluye que la eliminación del trabajo infantil y su reemplazo por una enseñanza desde los primeros años de vida ofrece enormes beneficios económicos para un país, junto con las mejoras sociales en pro de la equidad. Según ese mismo estudio, aquellos beneficios son seis veces superiores a sus costos.
Ojalá que el próximo Día Mundial contra el Trabajo Infantil sea menos silencioso y genere mayor interés en la opinión pública, de modo de que en los medios de comunicación la coyuntura no inhiba hablar de cosas de verdad importantes como ésta.
http://www.lanacion.cl/
Rumbo al despeñadero
Por Ricardo Solari
En un pasado no muy lejano, se entendía que una persona de izquierda virtuosa era aquella que proponía aumentar el gasto fiscal, financiándolo con una correspondiente alza de impuestos. Al revés, un derechista virtuoso era aquel tipo de personaje que propugnaba reducir ese gasto y, por definición, obviamente reducir los impuestos.
Pero las cosas han cambiado. En los últimos días se han alzado innumerables voces de todos los sectores políticos exigiendo que se elimine el impuesto a los combustibles. Y al unísono, y muchas veces los mismos personajes, le han exigido al Estado más gasto sin proponer por cierto ninguna fuente nueva de financiamiento. «Invirtamos más en educación», «la actual subvención escolar es una miseria», «hay que contratar más horas médicas en los hospitales públicos», dicen.
Desafortunadamente, no es posible hacer algo así sin caer rápidamente en un profundo despeñadero. Por más que se tomen las carreteras. Por más que reclamen los que piden más gasto en educación o en salud, o en tantos otros asuntos que nuestra sociedad estima necesario resolver con la contribución de los fondos públicos.
Muchos dicen «para qué queremos ese impuesto, si el país esta lleno de dinero por los ingresos del cobre». Ese argumento casi no resiste análisis, porque el cobre es un recurso natural no renovable, con un precio susceptible a las variaciones de la economía mundial y a los especuladores globales. Ese es puro cortoplacismo. Los países no funcionan correctamente de tal modo. Nuestra nación ha sufrido innumerables frustraciones en su bicentenaria historia por proceder de esa manera irreflexiva.
Cualquier persona sabe que quitar el impuesto al combustible significa provocar una transferencia regresiva de las rentas; es decir, los grupos de altos ingresos tomarán más ganancias de la eliminación del impuesto que los de bajos ingresos, que ganarán muy poco o prácticamente nada con una decisión de esa naturaleza. Al revés, un subsidio a los precios de la parafina, como permite el Fondo de Estabilización del Petróleo, que será incrementado en mil millones de dólares la próxima semana, o a la tarifa del transporte público (no sólo de la Región Metropolitana) son claramente progresivos, es decir, favorecen a la población de menores ingresos.
Países como Irlanda, Finlandia o Canadá, que gastan mucho en educación, investigación y desarrollo, tienen alta carga tributaria. Países con brechas fiscales y sociales importantes, como Argentina, tienen que incrementar impuestos («retenciones», les llaman) para intentar cerrarlas, con las dificultades que todos sabemos se han provocado. Nuestro país no tiene brechas fiscales ni tampoco una carga tributaria importante, según las comparaciones internacionales, y por eso debe y puede usar sus holguras en garantizarles un buen futuro a los chilenos (mejor educación, mejor salud), sin liquidar fuentes de financiamiento del presupuesto nacional.
Obviamente el diseño del impuesto puede mejorarse, permitiendo su ajuste cuando el precio sube o baja. Pero ésa es otra discusión, sensata y responsable, donde no debería ganar jamás el que grita más fuerte. Y es que además los impuestos a los combustibles juegan otros roles: promueven e incentivan usos ambiental o socialmente más benéficos y encarecen consumos que producen efectos negativos. Chile debe discutir, en un escenario de estrechez y de volatilidad de precios, cuáles son los recursos energéticos de que dispondremos, con qué abundancia y a qué costo. Y los impuestos específicos y los fondos de estabilización son instrumentos cruciales para acompañar este debate indispensable. Lo demás es demagogia y populismo.
http://blogs.lasegunda.com/
Un ladrillazo contra Sergio de Castro
Graciela Galarce, economista.
- El enriquecimiento ilícito de Pinochet es ampliamente conocido. No así las ilegalidades de su Ministro Insignia. Recientemente la Justicia declaró su la quiebra por deudas impagas por varios miles de millones de pesos. Existen diez juicios ejecutivos por deudas en contra de De Castro y otras deudas a Corpbanca y el BCI, que llegan a cerca de los 3 mil millones de pesos. Al igual que Pinochet, traspasó bienes a familiares, lo que podría ser un ilícito.
La prensa nacional nos ha estado informando en estos últimos días, que la justicia declaró en quiebra al reconocido economista del grupo de los ‘Chicago Boys', Sergio De Castro, creador del ‘Modelo Económico' de la Dictadura, Ministro de Economía 1973-1976 y Ministro de Hacienda 1976-1982, Doctor en Economía de la Universidad de Chicago, y pilar del grupo de economistas conocidos como “Chicago Boys”, asesores económicos directos del régimen de Pinochet, que previo al golpe, -y como parte de la conspiración-, prepararon el Plan Económico de la Dictadura conocido como “El Ladrillo”.
El enriquecimiento ilícito de Pinochet es ampliamente conocido. No así las ilegalidades de su Ministro Insignia. Recientemente la Justicia declaró la quiebra de Sergio De Castro por deudas impagas por varios miles de millones de pesos. Existen diez juicios ejecutivos por deudas en contra de De Castro y otras deudas a Corpbanca y el BCI, que llegan a cerca de los 3 mil millones de pesos. El 3 de mayo de 2007, la Tesorería General de la República solicitó el remate de tres inmuebles del ex ministro de Pinochet, por concepto de contribuciones impagas desde hace cinco años. Al igual que Pinochet, traspasó bienes a familiares, lo que podría ser un ilícito.
El fallo es implacable. El ejecutor "incautará bajo inventario todos los bienes del fallido, libros y documentos, prestándole para este objeto el auxilio de la fuerza pública por la unidad de Carabineros de Chile más inmediata, con la sola exhibición de copia autorizada del presente fallo".
En 2007, se publicó un libro escrito por la historiadora Patricia Arancibia Clavel y Francisco Balart, titulado Sergio De Castro, el Arquitecto del Modelo Económico Chileno. En dicho texto se recopilan las contribuciones de Sergio De Castro, como uno de los principales asesores económicos y ‘gurú' del gobierno militar.
Joaquín Fermandois, Profesor de Historia Contemporánea de la Pontificia Universidad Católica de Chile, miembro del Centro de Estudios Públicos, CEP, comentando el citado libro, escribió un documento titulado: Modernización, Desarrollo, Dictadura: El Papel de Sergio De Castro, el que inicia señalando:
“El ‘modelo chileno', admirado, vitoreado, escarnecido o simplemente mirado con un dejo de escepticismo, ha llegado a ser una especie de marca registrada en el continente y más allá de él. Identifica al Chile actual, y gran parte de los debates públicos giran en torno a él...”
Más adelante el profesor Fermandois nos recuerda que el denominado Plan de “shock” de fines de 1975, tuvo su autoría en Sergio De Castro como el “motor individual más perfilado y sistemático de este proyecto”. Dicho Plan fue dado a conocer en un discurso de Jorge Cauas. En relación a los exitosos resultados del Plan de Shock, señala: “La madre del cordero es que su ejecución hubiera sido imposible sin la existencia del gobierno militar…”.
Como ha sido reconocido por economistas de diversas tendencias teóricas y políticas, el modelo económico chileno, que se inicia en 1973, nace como resultado de un ‘pecado original': “El sistema capitalista competitivo que se establece no brota pacíficamente a través de los años, no surge de la discusión y ‘el tira y afloja' de la democracia, sino que lo instaura una dictadura militar, cuyo objetivo inicial, desde luego, no era ese”. (Arturo Fontaine Talavera, “Sobre el pecado original de la transformación capitalista chilena”, Editorial Norma, Colombia, 1992; 93).
En efecto, ninguna de las medidas y transformaciones económicas que se implementaron en Dictadura fue espontánea ni al azar. Todo estaba estudiado, analizado, calculado y escrito en un ‘Plan' o ‘Programa Económico' de un grupo de economistas chilenos, conocidos como los Chicago Boys, que en el Departamento de Economía de la Universidad Católica se desempeñaban como profesores. Todos con formación en Estados Unidos en la Universidad de Chicago.
Este ‘Plan' o ‘Programa Económico' se denominó “El Ladrillo”. Uno de los principales promotores, y gestores del “Ladrillo” fue Sergio De Castro, quien desde antes de 1973 pasó a jugar un rol protagónico entre quienes comenzaban a diseñar un Plan de Gobierno Post Unidad Popular.
El profesor Fermandois también nos relata que las relaciones de Sergio De Castro con Pinochet fueron de mucha cordialidad y confianza. Sin embargo, señala: “En otro episodio revelador Pinochet una vez le ordena expulsar del equipo a Ernesto Silva, por haberse pronunciado a favor de la privatización de Codelco. De Castro apeló ante el mismo Pinochet indicándole que Silva era una persona fundamental para el equipo. No hubo caso. De Castro quedó cavilando hasta que descubrió la madre del cordero: que Pinochet le estaba dando una advertencia a él mismo de que no se pida la privatización de Codelco, que lo dejara tranquilo porque eso despertaba mucha oposición en las Fuerzas Armadas, y que el que mandaba no era el ministro, sino que Pinochet en persona, que no lo olvidara…”.
Volviendo al ‘Plan' o ‘Programa de Desarrollo Económico' conocido como “El Ladrillo”, elaborado por este primer ‘think tank” liberal chileno, bajo el alero del Centro de Estudios Socio Económicos, CESEC, -apoyado por la Sociedad de Fomento Fabril-, debemos reiterar que el éxito en la implementación de las políticas económicas de “El Ladrillo', -políticas vigentes aún-, se debió a que se ejecutaron en Dictadura, gracias al poder militar. En relación a este ‘pecado original' del ‘exitoso' “modelo económico chileno” y para que sus gestores puedan ahora conciliar el sueño por este ‘pecado', Arturo Fontaine Talavera nos dice:
“Los caminos del liberalismo real suelen ser más que laberínticos e inesperados que los liberalismos de los textos. La historia siempre es heterodoxa. El hecho de que la legitimación democrática del capitalismo en Chile requiere que, por una parte, sus antiguos adversarios le concedan su nibil obstat democrático, y por otra parte, que los empresarios pro Chicago boys realmente confíen en ellos. Esto es muy posible. Si esto ocurre, el “pecado original” de transformación capitalista chilena habrá quedado políticamente redimido”.
Según nos relata el profesor Fermandois, Sergio De Castro también jugó un importante y reconocido papel en el gobierno militar como Ministro de Hacienda y como ‘gurú' del gobierno militar. Fermandois señala que el reconocimiento profesional a De Castro es tal que “nada menos que el Presidente Ricardo Lagos dijo una vez en el Centro de Estudios Públicos que Sergio De Castro había sido ‘el Ministro de Hacienda más influyente desde Rengifo', el ministro de los tiempos de Portales”. Si los resultados económicos del gobierno de Pinochet no fueron resultado de un ‘Plan' o de una especie de Ingeniería Económica, no se puede comprender cómo fue violada una de las principales reglas de oro del modelo neoliberal que plantea la no intervención del Estado en la economía. Por eso, ¿cómo se puede calificar esta imposición por la fuerza y al pie de la letra del “Plan o Programa Económico del Gobierno Militar”, conocido como “El Ladrillo”? No es necesario ser un especialista en planificación económica para calificar al “Ladrillo” como un gran y ambicioso plan impuesto por la ‘anestesia' del terror y por la ignorancia de los chilenos, que después de 35 años aún seguimos amarrados a este. Sergio De Castro, en el Prólogo al ‘Plan' o ‘Programa de Desarrollo Económico” de la Dictadura conocido como “EL Ladrillo”, nos dice: “El primer efecto del Programa de Desarrollo Económico fue la migración, de casi todos sus autores, desde los claustros universitarios al árido y difícil, pero espiritualmente gratificante campo del servicio público”.
Pero ¿cómo se habrán redimido o se redimirán los ‘pecadillos' de aquellos ‘Arquitectos' de “El Ladrillo”, que cayeron en terrenales tentaciones y abandonaron el árido y difícil, pero espiritualmente gratificante campo del servicio público? Una respuesta a esta pregunta se podría deducir, de lo que nos relata el profesor Fermandois en relación a la personalidad de Sergio De Castro: “Hay algo de desenfado y hasta de desparpajo en él que hace que toda crítica le resbale y la pueda calificar tranquilamente de error. Razón tenía el padre de su amigo Ernesto Fontaine en que ‘al Tejo no le entran balas. Quizás al propio De Castro no le molestaría que este sea su epitafio: ‘Al Tejo no le entran balas”.
Cuadrar el círculo
Por Carlos Peña
- Los acuerdos celebrados para aprobar la LGE son inconsistentes, y de progresistas no tienen nada. No es razonable un sistema que se financia con subsidios diferenciados a la demanda y que, a la vez, transfiere mayores recursos a las escuelas municipales. No hay caso: usted apoya a los pobres, o apoya a los colegios. La tercera vía no existe.
En el actual sistema, la escuela a la que asiste un niño está entregada a la elección de sus padres; así, los más pobres pueden escoger entre la escuela municipal o algunos de los diversos tipos de escuelas particulares subvencionadas (por esta razón suele hablarse de un sistema de provisión mixta). Como en este sistema los más desaventajados van donde ellos escogen, el Estado, si quiere transferirles mayores recursos para compensar sus desventajas, debe hacerlo mediante subsidios a la demanda. Así, si los más desaventajados escogen una escuela particular subvencionada, el Estado debe transferirle a ella los recursos. Si los más desaventajados escogen una escuela municipal, entonces es ella la que los recibe.
En cualquier caso, los recursos van donde escojan los padres.
Eso es más o menos lo que establece el sistema de subvenciones diferenciadas hoy día vigente. ¿Qué es lo que ocurrirá en cambio si -como se anunció esta semana, para lograr aprobar la LGE- se decide favorecer desde el punto de vista de los recursos a la educación municipalizada? Como en este caso los subsidios o transferencias serán a la oferta (es decir, irán directamente a las instituciones municipales al margen del tipo de alumnos que se matriculen en ellas), esos mayores recursos aprovecharán a todos quienes estén en la escuela de la comuna con prescindencia de si los merecen o no. Y, viceversa, habrá quienes, por estar matriculados en una escuela particular, quedarán sin esos recursos, aunque los merezcan.
En suma, los mayores apoyos a la educación municipalizada se traducirán, en el mediano plazo, en que los más pobres, si quieren recibir mayores y mejores recursos para educarse, deberán abandonar la educación particular subvencionada. Un resultado como ése no parece a primera vista malo, salvo por un detalle: la educación particular expresa preferencias diversas que a una sociedad democrática le interesa preservar y poner al alcance de todos. Y eso no se logra si se favorece sin más la educación municipalizada. ¿Por qué sería razonable que una familia con recursos pudiera escoger una educación católica para sus hijos y una familia pobre, igualmente creyente, estuviera obligada, por la fuerza de los hechos, a confiar en el alcalde? ¿Por qué privar a un grupo mapuche pobre -interesado en preservar su cultura- de la posibilidad de fundar un colegio bajo las mismas condiciones de subsidio que uno público?
Es verdad que una de las funciones de la escuela es el logro de la cohesión social, pero en las condiciones contemporáneas la cohesión no equivale a uniformidad. Por el contrario, de lo que se trata es de alcanzar la cohesión sin sacrificar la diferencia, y a ello debiera contribuir un sistema escolar diverso, pero de recursos equivalentes para los más pobres.
Y eso es lo que no se alcanzará con este tipo de arreglos que incurren en la ilusión de que es posible cuadrar el círculo: promover un acuerdo con un sector y luego, sobre la misma materia, promover un acuerdo distinto con el otro.
Porque eso fue lo que ocurrió en este caso: por alcanzar un acuerdo se hizo un pase mágico que es como el de un aprendiz de brujo. Se desatarán consecuencias en el diseño educativo que luego será difícil controlar.
En los sistemas comparados, o usted promueve la educación pública, la financia sobre todo con subsidios a la oferta y la instituye en un sistema al que van pobres y ricos (como ocurre en la mayor parte de los países de la OCDE), o, en cambio, establece una regla de igualdad de trato entre todos los proveedores, estatales y privados, cuidando una calidad igual y entregando la elección a los padres (como ocurre en Holanda o Bélgica).
Lo que no se conoce es la tercera vía: un sistema con subsidios diferenciados a la demanda (que traslada más recursos allí donde los pobres escogen), y a la vez un sistema en el que hay mayores transferencias a las instituciones estatales (sin otra consideración que el hecho de ser estatales).
Un sistema como ése (lo que se acaba de convenir en los acuerdos de esta semana) tiene una sola explicación: es una manera lenta y larga de instituir el sistema municipal como el único al que preferirán acceder los más pobres. Y así la elección y la diversidad quedarán al alcance sólo de quienes tienen más recursos.
Llamar a eso un arreglo progresista es un abuso de lenguaje. Y esa estrategia -la de cuadrar el círculo- sólo provee de una ilusión que, a poco andar, se diluirá como un dibujo en la arena.
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