Lunes 16: El jueves 12 pasado, hacia el final de una semana en que el Acuerdo en Educación, firmado en La Moneda el 13 de noviembre de 2007, parecía muerto, Cristián Larroulet le entregó al ministro José Antonio Viera-Gallo un texto de cuatro párrafos con el fin de resolver el impasse. Redactado en forma de "indicación", es decir, para ser incorporado al proyecto que se tramita en el Congreso, el texto dispone que "El Estado financiará y promoverá, con pleno respeto a los derechos garantizados por la Constitución, un sistema escolar de provisión mixta que favorezca la inclusión social, cultive el pluralismo y esté entregado a la libre elección de los padres". Dice que será "deber del Estado velar por una educación de calidad para todos procurando que tanto la educación pública como la ofrecida por los particulares la tengan".
También norma el funcionamiento de los establecimientos dependientes del Estado y establece que "el Estado financiará un sistema gratuito destinado a asegurar la libertad de enseñanza y el acceso a la educación básica y media de toda la población". También se refiere a la educación preescolar.
- La propuesta, que fue redactada por los equipos técnicos y legislativos de RN, la UDI y el Instituto Libertad y Desarrollo, fue recibida por el Gobierno y entró en proceso de estudio por el oficialismo. La ministra de Educación, Mónica Jiménez, continuaba realizando gestiones con Larroulet y otros personeros vinculados a la Alianza para conseguir un acuerdo en la materia. En ese sector se informó que no es efectivo que se haya logrado consenso con respecto a una indicación que se filtró a la prensa. Durante una reunión efectuada por el equipo técnico y parlamentarios de la Alianza se determinó que, de mantenerse la actual indicación presentada por el Ejecutivo, o de sustituirse por una no previamente consensuada, la Alianza mantendrá su decisión de rechazar la idea de legislar del proyecto de ley en la votación prevista para mañana miércoles. El análisis de la Alianza es que el fracaso del acuerdo educacional implicará un serio revés, "ya que dejará en evidencia la incapacidad del gobierno de cohesionar a los parlamentarios de su propio sector tras sus puntos de vista".
El texto de la indicación en detalle
"El Estado financiará y promoverá, con pleno respeto a los derechos garantizados por la Constitución, un sistema escolar de provisión mixta que favorezca la inclusión social, cultive el pluralismo y esté entregado a la libre elección de los padres.
Es deber del Estado velar por una educación de calidad para todos procurando que tanto la educación pública como la ofrecida por los particulares la tengan.
Los establecimientos educacionales pertenecientes y dirigidos por los órganos de la Administración del Estado se organizarán en forma descentralizada y funcionarán conforme al carácter público de tales instituciones y a la obligación de proveer una educación de calidad dando, además, cumplimiento a los principios contemplados en la Constitución, los tratados internacionales ratificados por Chile y las leyes.
El Estado financiará un sistema gratuito destinado a asegurar la libertad de enseñanza y el acceso a la educación básica y media de toda la población. Es deber del Estado promover la educación parvularia y garantizar el acceso gratuito y el financiamiento fiscal para el primer y segundo nivel de transición, sin que éstos constituyan requisitos para el ingreso a la educación básica".
"El Estado financiará y promoverá, con pleno respeto a los derechos garantizados por la Constitución, un sistema escolar de provisión mixta que favorezca la inclusión social, cultive el pluralismo y esté entregado a la libre elección de los padres".
Una jornada llena de suspenso se vivió el lunes 16, luego que tanto el oficialismo como la Alianza sostuvieran múltiples reuniones para llegar a un acuerdo en la Ley General de Educación.
Mientras La Moneda fue el enclave para los encuentros entre los jefes de bancada, presidentes de partidos políticos y los ministros de Estado que están a cargo del tema, el Instituto Libertad y Desarrollo fue el centro de operaciones para los senadores, diputados y expertos de la Alianza que se reunieron para buscar estrategias a seguir. Finalmente, la ministra de Educación Mónica Jiménez se reunió privadamente con el interlocutor de la Alianza, Cristián Larroulet.
Las razones de la Alianza para rechazar última indicación
En los últimos días ha circulado una indicación que supuestamente habría sido consensuada entre el Gobierno y la Alianza. Ésta señala textualmente: "El sistema educacional es de carácter mixto y es deber del Estado aportar financiamiento a todos los establecimientos que cumplan los requisitos legales para obtenerlos, sean público o privado. Es deber del Estado desarrollar y financiar un sistema de educación pública de calidad. Este deberá ser gratuito, pluralista y promover la inclusión social, dando además cumplimiento a todos los principios contemplados en la Constitución y tratados internacionales ratificados por Chile...".
Sin embargo, los técnicos de la Alianza no la han aprobado por considerar que fue redactada por los parlamentarios de la Concertación "que más han obstaculizado el acuerdo". Y sobre su contenido, afirman que "ésta es aún peor que la indicación presentada por el Ejecutivo que ha generado todo el conflicto".
Éstas son las razones del rechazo de la Alianza
1. La indicación consagra que deben financiarse "establecimientos", lo que en la práctica es incompatible con el sistema de financiamiento a través de la subvención educacional que garantiza un sistema educacional mixto donde los padres eligen el lugar donde educar a sus hijos.
2. La indicación establece que es deber del Estado "desarrollar" un sistema de educación pública, lo que en la práctica rompe la igualdad de trato que existe entre la educación municipal y particular subvencionada. Asimismo, puede interpretarse como que el Estado debe necesariamente hacerlo por sí mismo, retornando así a la arcaica idea del Estado Docente.
3. La indicación mantiene intacta la frase más controvertida de la actual indicación del Ejecutivo en cuanto consagra el deber del Estado de financiar un sistema de educación pública con total prescindencia de la educación particular subvencionada. En este aspecto, la indicación es claramente inconstitucional.
4. La indicación, en la forma en que está redactada, abre la puerta a la eliminación del financiamiento compartido.
"En Educación nos entendemos con Cristián Larroulet", fue la sentencia de la ministra de Educación, Mónica Jiménez, que bastó para aclarar que el director del Instituto Libertad y Desarrollo es el principal interlocutor de la Alianza para buscar un acuerdo sobre la Ley General de Educación. Lo mismo dijeron los ministros Pérez Yoma y Vidal. Es que el director del Instituto Libertad y Desarrollo fue quien comandó la propuesta alternativa de la Alianza a la Ley General de Educación en 2007 y quien representó a la oposición cuando el Gobierno se abrió a debatir los textos para reformular la enseñanza. Minutos antes de que el acuerdo fuera zanjado el 13 de noviembre pasado en La Moneda, Larroulet terminó de redactar junto a los técnicos del Gobierno el articulado que fue firmado por la Presidenta Michelle Bachelet y todos los presidentes de los partidos políticos.
Martes 17: Parlamentarios oficialistas piden retirar urgencia
Una treintena de diputados junto a senadores de la Concertación pidieron quitar la urgencia al proyecto de ley, exigiendo más debate. "No queremos seguir buscando redacción más o redacción menos. Queremos que se retire la urgencia y de una vez por todas poder legislar para el país, debatir de cara a los estudiantes y a los profesores. Queremos terminar con esta urgencia, que lo único que hace es tener una ley similar a la que se hizo en dictadura, sin debate", dijo la diputada PPD Adriana Muñoz.
Las discutidas indicaciones
1. Indicación consensuada entre el Gobierno y la Alianza.
"Es deber del Estado que los establecimientos educacionales pertenecientes o dirigidos por sus órganos se organicen y funcionen conforme al carácter público de tales instituciones y tengan la obligación de proveer una educación pública de calidad, pluralista y que promueva la integración social dando además cumplimiento a los otros principios contemplados en la Constitución, tratados internacionales ratificados por Chile y por las leyes".
2. Idea redactada por los equipos técnicos y legislativos de RN, la UDI y el Instituto Libertad y Desarrollo y propuesta al Gobierno el lunes.
"El Estado financiará y promoverá, con pleno respeto a los derechos garantizados por la Constitución, un sistema escolar de provisión mixta que favorezca la inclusión social, cultive el pluralismo y esté entregado a la libre elección de los padres. Es deber del Estado velar por una educación de calidad para todos, procurando que tanto la educación pública como la ofrecida por los particulares la tengan... El Estado financiará y promoverá, con pleno respeto a los derechos garantizados por la Constitución, un sistema escolar de provisión mixta que favorezca la inclusión social, cultive el pluralismo y esté entregado a la libre elección de los padres".
3. Indicación alternativa que circuló en La Moneda y que la Alianza rechazó antes de hacerse oficial.
"El sistema educacional es de carácter mixto y es deber del Estado aportar financiamiento a todos los establecimientos que cumplan los requisitos legales para obtenerlos, sean públicos o privados. Es deber del Estado desarrollar y financiar un sistema de educación pública de calidad. Este deberá ser gratuito, pluralista y promover la inclusión social, dando además cumplimiento a todos los principios contemplados en la Constitución y tratados internacionales ratificados por Chile...".
4. Redacción de Sebastián Piñera propuesta el 11 de junio.
"El Estado financiará un sistema de educación pluralista y gratuito que asegure el acceso a toda la población y que promueva la inclusión social, de acuerdo a la ley y a los derechos garantizados por la Constitución, así como por los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentran vigentes.
Este sistema de educación será de naturaleza mixta, incluyendo tanto la educación pública como la particular subvencionada, correspondiendo a los padres y apoderados la libertad de elegir la modalidad preferida para sus hijos o educandos".
Miércoles 18: Montes: "Hay un mal manejo político, que dificulta conversar"
El diputado del partido Socialista (PS), Carlos Montes, fue uno de los más críticos de la gestión de La Moneda tras la aprobación de la Ley General de Educación (LGE) en la Cámara de Diputados, cuestionó la falta de debate en el Parlamento y las negociaciones del Ejecutivo con la Alianza.
¿Cómo se explica que usted, cercano a la Presidenta, liderara la oposición a aprobar la LGE?
Al Parlamento no se le trató bien. Hay mal manejo político, que dificulta conversar. Me siento bastante leal, sé lo que la Presidenta piensa sobre educación pública... Alguien planteó que esto era cuestionar la autoridad de la Presidenta y eso es un diagnóstico desproporcionado.
¿Por eso no fue el jueves a La Moneda, donde se refrendó el apoyo oficialista a la LGE?
No sabía de qué se trataba y no me sentí convocado.
¿Intentó hablar con la Presidenta?
No voy a contestar eso.
¿Está desilusionado del manejo de Bachelet, porque ella visó el acuerdo con la Alianza?
No sé cómo se hizo internamente. No estoy desilusionado, es una gran Presidenta y le tengo cariño.
¿Se produce un punto de inflexión entre los parlamentarios y Bachelet?
He oído de algunos que así lo sienten, que esperan más espacios para conversar con ella, para tener un poco más de diálogo directo.
Hay críticas en su partido por el rol de Viera-Gallo...
El no entiende que para llegar a acuerdo con la oposición tiene que hacerlo primero en el frente propio y verse el margen de lo posible con la oposición. La interlocución con Viera-Gallo nunca ha sido fácil y ahora se provocaron distancias importantes.
¿Le sorprendió que la Presidenta respaldara el pacto de Pérez Yoma y Velasco con Piñera?
Los presidentes se ven en una disyuntiva: o apoyan o echan al ministro. Creo que la Presidenta asumió que eso estaba ocurriendo, porque no tenía muchas alternativas. Nunca tengo problemas que se hable con todos, pero que el Vicepresidente vaya a su casa... Fue totalmente desproporcionado.
¿La Presidenta se enteró a posteriori?
Sí. Dentro de las alternativas que tenía no era como para provocar una crisis de gabinete. (La Nación 21)
Jueves 19: Con las indicaciones que introdujo el Ejecutivo -referidas a la educación pública y a los plazos para que entre en vigencia la normativa de control sobre los recursos destinados a la educación subvencionada- y en medio de contramanifestaciones de profesores y estudiantes en las tribunas, se aprobó en la Cámara de Diputados la Ley General de Educación. La iniciativa se había originado en el informe elaborado por el Consejo Asesor Presidencial, constituido luego de las movilizaciones de secundarios registradas hace dos años. La normativa contó con la aprobación de 96 parlamentarios, el rechazo de 12 y la abstención de siete, pasando a segundo trámite en el Senado.
Pese a que la indicación original que define el rol del Estado en la educación fue modificada, acogiendo parte de las estipulaciones de la derecha (lo que provocó declaraciones que amenazaban con su rechazo en las filas oficialistas), la mayoría de los diputados de la Concertación concurriócon sus votos para su aprobación, tal como se había acordado durante la jornada anterior, cuando el Gobierno anunció la firma de un protocolo de acuerdo para ingresar durante el segundo semestre una ley que fortalezca la educación pública. Esta indicación establece que "es deber del Estado que los establecimientos educacionales pertenecientes o dirigidos por sus órganos se organicen y funcionen conforme al carácter público de tales instituciones y tengan la obligación de proveer una educación pública de calidad pluralista y que promueva la integración social, dando además cumplimiento a los otros principios contemplados en la Constitución, los tratados internacionales ratificados por Chile y las leyes". Redacción acordada por el Ejecutivo con el experto del Instituto Libertad y Desarrollo Cristián Larraoulet.
- Votaron en contra de la indicación Gabriel Ascencio, Roberto León, Eduardo Saffirio, Marco Enríquez-Ominami, Carlos Montes, Patricio Vallespín, Rodrigo González, Carlos Olivares y Mario Venegas. Mientras los diputados René Alinco, Ramón Farías, Iván Paredes, Alejandro Sule, Isabel Allende, Tucapel Jiménez, Denisse Pascal, Marcos Espinoza, Adriana Muñoz y Alberto Robles se abstuvieron.
- La segunda indicación, que rebaja de cuatro a un año el plazo para que los sostenedores se ajusten a la nueva normativa de supervisión de los recursos del Estado destinados a la educación subvencionada -el principal de ellos los obliga a un giro único-, se aprobó con 93 votos a favor, uno en contra y una abstención. Otras 70 indicaciones presentadas por parlamentarios oficialistas fueron rechazadas al no alcanzar el quórum necesario.
La molestia entre los profesores y estudiantes instalados en las tribunas contrastaba con la evidente alegría de la derecha que concurrió con la totalidad de sus 53 votos para aprobar la LGE y las dos indicaciones. Aprobada la idea de legislar, los maestros expresaron su rechazo lanzando monedas al hemiciclo y con diversas manifestaciones contrarias al oficialismo.
Ante tales hechos, los profesores, encabezados por el presidente del Colegio, Jaime Gajardo, fueron desalojados por Carabineros.
Al término de la sesión, la ministra de Educación, Mónica Jiménez, expresó su alegría por lo ocurrido. "Como el Padre Hurtado: Contento, Señor, contento, así estamos, creo que fue un gran avance para la educación chilena", dijo la secretaria de Estado. La autoridad también se mostró confiada en que la misma línea se siga en el Senado y anunció que ahora espera "presentar, en una fecha muy próxima, las otras legislaciones que tenemos preparadas sobre la agencia de calidad, la superintendencia y después, en el próximo semestre, lo que hemos prometido sobre educación pública". Asimismo, aclaró que ella no es sostenedora de colegios.
Como anunciara el día anterior el Ejecutivo, finalmente ayer se aprobó con los votos de la mayoría de los diputados de la Concertación el proyecto de Ley General de Educación y las dos indicaciones introducidas por el Gobierno para su mejoría -una sobre la definición del sistema educativo y el rol del Estado y otra que acorta los plazos para el nuevo control de subvencionados.
- El trámite fue posible luego de que la Presidenta suscribiera públicamente, en el Palacio de La Moneda, un protocolo de acuerdo con los presidentes de partidos y jefes de bancadas parlamentarias del oficialismo, para enviar a tramitación legislativa el próximo semestre otra ley cuya finalidad sea fortalecer la educación pública. Esta iniciativa se originará a partir de un informe que el Gobierno encargó hace meses a la Universidad de Chile y contará con la amplia participación de organizaciones sociales y comunidad educativa. Durante la votación, profesores y estudiantes manifestaron su molestia en las tribunas y, posteriormente, insistieron en el retiro de la LGE -ahora en segundo trámite en el Senado- por considerarla insuficiente para sus aspiraciones. Pese a ello, la directiva nacional del gremio de los maestros decidió volver a clases, dando por suspendido el paro hasta que una nueva asamblea se pronuncie sobre el actual escenario. (La Nación, 19)
Viernes 20: La Presidenta Michelle Bachelet insistió que las iniciativas acordadas con la Concertación, antes de aprobarse en la Cámara la Ley General de Educación, resolverán las aprensiones de sectores disidentes en el oficialismo a favor de la enseñanza pública. "Yo soy una hija de la educación pública, yo no estudié jamás en colegio privado, yo estudié siempre en escuelas públicas, liceos, la Universidad de Chile", dijo la mandataria en alusión a su paso por establecimientos como el Liceo Nº1 de Niñas y la Facultad de Medicina para ejemplificar su compromiso. Enfatizó que por ello lo importante es "contar con una ley de educación que es un marco, que no resuelve todos los problemas pero nos permite avanzar en resolver muchos de ellos en democracia (...) La LGE nos permite garantizar mayor calidad y avanzar en asegurar que los recursos para educación puedan gastarse en educación".
- En entrevista con radio Cooperativa, en respuesta a los detractores del proyecto entre los diputados, apuntó que "a veces se debaten cosas sin conocerlas. Yo escuché que algunos dijeron que era el colmo que la Ley General de Educación plantea la existencia del lucro y la palabra lucro no existe en la ley". Insistió en que "la reforma de la educación no es sólo la Ley General de Educación, la reforma a la educación está en cuatro o cinco distintos proyecto de ley que esperamos que este año estén todos ya en el Parlamento". Con vista a esas iniciativas, dijo que no le cabe "la menor duda de que habrá una discusión apasionada e intensa y lo que importa es que podamos derogar la LOCE y tener un mejor marco para seguir avanzando en todos los elementos de la reforma". Agregó que a lo que apuesta es a "que si la prosperidad de Chile sigue adelante esta prosperidad se traduzca por cierto para a educación pública".
"Creo que sería espléndido para Chile, para los muchachos para todos los que no quieran seguir esperando de no poder tener una educación de calidad poder contar a la brevedad con todos esos proyectos de ley que nos permitan que la educación pública pueda tener la calidad que nuestra gente se merece", enfatizó. Respecto de las críticas por los plazos impuestos para el debate de la norma, destacó que LGE estuvo en las comisiones de Educación y Hacienda, y anticipó que para el debate en el Senado estos no se impondrán. (La Nación, 21)
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