- Izquierda y diversidad, por José Natanson
- La justificación, por Alfredo Joignant
- Negocio redondo, por Eugenio Tironi
- Ni ladrones, ni maricones, por Oscar Contardo
- ¿Innovación o creación?, por Arturo Navarro
- Laberintos de cristal, por Michelle Bachelet
-
Qué yace tras una chanza, por Francisco Martorell
- Mis memorias personales de Luis Corvalán, por Fernando Villegas
- Indultos: una caminata sobre la cuerda floja, por Ascanio Cavallo
- ¡No al indulto!, por Carlos Peña
- Diez puntos sobre indulto y DD.HH., por José Zalaquett
- Acciones e indulto, por Patricio Navia
Izquierda y diversidad
Por José Natanson
Ni el pluralismo ni la apertura eran características propias de la izquierda clásica, que tendía a ignorar a las minorías, prestaba poca atención a las demandas particularistas y nunca contempló a la discriminación como un verdadero problema.
Algunos ejemplos latinoamericanos ilustran esta afirmación. La Revolución Nacional Boliviana de 1952, que algunos califican como la más radical del siglo XX en Sudamérica, encaró un breve pero muy ambicioso proyecto de inclusión social, con base en los sindicatos mineros, que produjo algunos avances notables, como la nacionalización de los recursos naturales, el voto universal y el reemplazo del ejército por milicias de obreros y campesinos. Y si bien es cierto que eliminó algunas normas segregacionistas (los indígenas, por ejemplo, tenían prohibido pisar la Plaza Murillo, equivalente paceño de la Plaza de Mayo), lo hizo a partir de un proyecto de homogeneización en clave mestiza, al estilo de la Revolución Mexicana, dentro del cual la cuestión étnica no ocupaba ningún lugar.
Otro ejemplo. Entre febrero de 1981 y diciembre de 1983, después de derrocar a la dictadura más longeva de Centroamérica, el gobierno de Daniel Ortega, en su afán de imponer la reforma agraria y eliminar cualquier vestigio de resistencia somocista, chocó contra la resistencia de las comunidades de indígenas miskitos de la orilla del Río Coco. Con el argumento de que muchos de ellos colaboraban con la Contra, el sandinismo forzó una relocalización masiva. Los miskitos denunciaron varios episodios de represión, en particular el conocido como “Navidad roja”, que derivó en el exilio de 10 mil indígenas a Honduras. Algunos de estos acontecimientos se encuentran razonablemente documentados y le valieron acusaciones a Ortega en tribunales locales, así como una advertencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Pero el caso más interesante es, sin dudas, el de Cuba, que siempre consigue ubicarse en los extremos. En 1961, dos años después de la toma del poder, el gobierno de Fidel Castro lanzó una serie de redadas masivas en La Habana con el objetivo de detener, según la documentación oficial, a pederastas, prostitutas y homosexuales. Este proceso llegó a su punto máximo en 1965, con la organización de las Unidades Militares de Ayuda a la Producción (UMAP), que funcionaron como campos de trabajo forzado de aquellos considerados “antisociales”, entre los que se incluía a militantes católicos, testigos de Jehová y homosexuales. Para estos últimos se sancionó la Ley de Ostentación Homosexual, que permitía detenerlos sin mucho trámite. Como explica la investigadora cubano-americana Frances Negrón-Muntaner (“Mariconerías de Estado”, Nueva Sociedad 218), el machismo caribeño, el estalinismo soviético y el catolicismo español se conjugaron para crear una poderosa “homofobia de Estado”, que también se explica por la identificación de los homosexuales con el turismo estadounidense prerrevolucionario, considerado burgués y decadente.
Por supuesto, sería injusto reclamarles a los viejos comandantes revolucionarios que se pusieran al día con demandas de inclusión étnica, reconocimiento a las minorías sexuales o aceptación de la diversidad que recién estaban comenzado a surgir. Sin embargo, detrás de estos ejemplos aparentemente aislados hay un hilo invisible, un motivo estructural por el cual los ciclos de transformación más radical del siglo XX latinoamericano excluyeron sistemáticamente este tipo de planteos: me refiero a la idea, propia de un izquierdismo superficial, de que la igualación económica acabará de manera mecánica con todas las demás inequidades, y que, por lo tanto, cabe sólo ocuparse de esta primera y fundamental desigualdad, pues el resto viene después, automáticamente.
Es esta noción la que ha cambiado. La globalización, la fragmentación social y la expansión de las nuevas tecnologías de la comunicación, entre otros macrofenómenos contemporáneos, definen un mundo completamente distinto al del pasado, y a menudo contradictorio: las tendencias actuales uniformizan (sobre todo el consumo), pero también permiten un mayor conocimiento del otro, lo cual abre espacios de tolerancia que antes no existían; articulan grandes regiones económicas (ahí están los esfuerzos integracionistas tipo Mercosur) pero también implican una revalorización de lo local; borronean las fronteras nacionales (mediante, por ejemplo, las migraciones masivas) pero a la vez cargan al Estado-nación de una cantidad inédita de demandas; producen nuevas formas de exclusión, pero también una horizontalización de las relaciones sociales (lo que Manuel Castells denomina la “sociedad red”).
En América latina, estas transformaciones se produjeron en simultáneo con las primaveras democráticas experimentadas entre mediados de los ’80 y principios de los ’90. Así, los movimientos propios del mundo globalizado –indígenas, feministas, de afrodescendientes, etc.– se superpusieron, y a veces se articularon, con aquellos nacidos de la resistencia a las dictadura militares (fudamentalmente de derechos humanos).
La izquierda ha sido permeable a estos cambios. Hoy, además de las clásicas cuestiones de desigualdad económica y social, incluye en su agenda los temas de etnia y raza, género, diversidad cultural y sexual, ecología. Esto define un abanico de temas más amplio, diseñado un poco para adaptarse a los nuevos tiempos y otro poco como respuesta a un argumento tan evidente como novedoso: las diferentes desigualdades complementan o potencian la clásica desigualdad social, tal como revela el repaso de algunos datos básicos: en Brasil, por poner un ejemplo entre miles, la tasa de desempleo de los hombres blancos en 2006 era de 5,6 por ciento, la de los hombres negros de 7,1, la de las mujeres blancas de 9,6, y la de las mujeres negras de 12,5; ese mismo año, la informalidad laboral afectaba a 42,8 por ciento de los hombres blancos y, en el otro extremo, a 62 por ciento de la mujeres negras, y ni siquiera la educación alcanza a nivelar estas diferencias: a igual nivel de instrucción, los hombres negros reciben 73,9 por ciento de los ingresos de los blancos y las mujeres negras 54,9 (todos los datos son de IPEA).
Este tipo de estadísticas confirma la idea de que las desigualdades se reatroalimentan y que para acabar con una es necesario enfrentarlas a todas. Y ya sea por esta constatación, o por la necesidad de dar cuenta de la nueva agenda globalizada, lo cierto es que, como sostiene el politólogo uruguayo Daniel Chávez, el derecho a la diferencia comenzó a ocupar un lugar tan relevante como el derecho a la igualdad en el imaginario de la izquierda.
Apenas asumió el gobierno, en enero de 2003, Lula creó la Secretaría de la Mujer, orientada a impulsar políticas de igualdad de género, y en 2009 la convirtió en ministerio. También creó la Secretaría Especial de Políticas de Promoción de la Igualdad Racial, que implementa una serie de medidas de “acción afirmativa”, como cupos para negros e indígenas en las universidades públicas, exenciones fiscales para los centros de estudios privados que incluyan cierto porcentaje de estudiantes negros y cuotas en el empleo público. Aunque no asistió a la última reunión de la Asociación Brasilera de Gays, Lesbianas y Trans, Lula envió una carta en la que ratifica su apoyo a la organización y recuerda las leyes antidiscriminación impulsadas por su partido, en particular por Marta Suplicy, médica sexóloga, ex alcaldesa de San Pablo y conocida militante por los derechos de las minorías sexuales.
En Uruguay, el Frente Amplio consiguió la aprobación de la unión concubinaria, el cambio de sexo en el registro civil y una norma que habilitaría la adopción legal por parte de parejas homosexuales. En Chile, Michelle Bachelet cumplió su promesa de gobernar con un gabinete integrado en partes iguales por hombres y mujeres, impulsó una ley para equiparar la representación de género en los partidos políticos y una campaña de educación sexual en los colegios y de anticoncepción de emergencia en los hospitales públicos.
El régimen cubano, cuya capacidad de sintonizar los nuevos tiempos nunca conviene subestimar, derogó las leyes discriminatorias e incluso lanzó una ambiciosa y muy moderna política de inclusión de las minorías sexuales desde el Centro Nacional de Educación Sexual, cuya directora es nada menos que Mariela Castro, la hija de Raúl.
Por supuesto, no se trata de avances lineales. Dos años atrás, Tabaré Vázquez vetó la ley de despenalización del aborto aprobada por un acuerdo interpartidario impulsado por su propia coalición; Bachelet ha sido acusada por las organizaciones gays chilenas de hacer poco y nada en defensa de sus derechos; el PT, en cuyo origen se encuentran corrientes de cristianismo de base, se niega a hablar de aborto, y alcanza con echarles un vistazo a las blancas caras de la nomenclatura cubana para comprobar que la desigualdad racial está lejos de haberse resuelto.
En Bolivia, la Justicia comunitaria, que la reforma impulsada por Evo Morales elevó a rango constitucional como complemento de la Justicia ordinaria (“occidental”), ha sido acusada de penalizar conductas propias de la vida privada, como el adulterio (femenino). Y aunque sus defensores insisten en que las versiones más arcaicas, en donde por ejemplo la mujer adúltera era sometida a un corte de pelo como escarmiento, no están ya vigentes, de todos modos hay que reconocer que puede generar problemas: la tensión entre derechos humanos universales y multiculturalidad, una de las grandes contradicciones del mundo contemporáneo sobre la cual viene advirtiendo con lucidez Carlos Escudé (aunque Escudé, occidentalista militante, piensa más en las sociedades islámicas).
Por otra parte, no sólo la izquierda ha asumido como propias este tipo de banderas. Algunos partidos de derecha moderna, como el Partido Liberal alemán, se muestran abiertos a las demandas de tolerancia a la diversidad, aunque, al mirar el resto de las fuerzas de derecha europeas (el integrismo del PP español, el conservadurismo de los tories británicos o el reaccionarismo de cabaret estilo Berlusconi), hay que reconocer que es una excepción.
En general, se trata de cuestiones que la izquierda ha asumido como propias, como se confirma en Argentina al repasar los alineamientos legislativos: el centroizquierda (Proyecto Sur, Encuentro, Socialismo) votó unánimemente a favor, el centroderecha (PRO, Peronismo Federal) mayoritaria, aunque no unánimemente, en contra, y los dos partidos de centro, radicalismo y peronismo, divididos.
En cuanto al rol del Gobierno, es cierto que la iniciativa original no fue elaborada por el Frente para la Victoria y que el apoyo fue transversal. Pero también es verdad que el Gobierno destrabó el proyecto primero y lo impulsó con fuerza después, y que sin ello difícilmente hubiera sido aprobado. Si se miran con atención los comentarios previos, es fácil comprobar que quienes están en contra del Gobierno pero a favor del matrimonio gay (legisladores socialistas y radicales, algunos periodistas de televisión) defendieron la tesis de que se trata de una iniciativa de todo el arco político, no atribuible exclusivamente al kirchnerismo, en tanto que aquellos que se oponen por igual al proyecto y al Gobierno (el diario La Nación, la Iglesia) acusaron a este último de presionar para su aprobación. Por si hacía falta, esto confirma el rol clave desempeñado por el kirchnerismo, que con esta decisión se sitúa a la altura de la más moderna izquierda latinoamericana.
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La justificación
Alfredo Joignant
Lunes 19 de Julio de 2010
Existen tres temas en los que la centroizquierda, la Concertación “realmente existente” o un progresismo amplio, no pueden ser derrotados, so pena de perder su alma y razón de ser: la desigualdad, la pobreza y el significado de las violaciones a los derechos humanos bajo la dictadura de Pinochet. En cualquier otra controversia, las derrotas son imaginables y aceptables. Si bien en el primero de estos temas los gobiernos de la Concertación exhiben hasta ahora un evidente déficit (salvo que la próxima medición del Gini arroje otra representación), eso deja de ser cierto en los otros dos, razón por la cual es conveniente prestar atención a lo que se hace y se dice sobre ellos. En todos los casos, se trata de tres temas constitutivos de lo que no ser de derecha quiere decir y, más positivamente, de un ideal de progresión histórica hacia un estado de cooperación y de justicia a gran escala que toma en consideración los intereses de las clases medias y populares, así como las representaciones del pasado y su memoria.
Es cierto: entre 1990 y 2010, muchas cosas podrían haber sido distintas si se hubiese emprendido otras políticas, desde reformas tributarias más agresivas, hasta estrategias redistributivas más generosas, leitmotivs aptos para satisfacer las aspiraciones de un alma socialdemócrata (que es la mía) que —a pesar de todo— se ha encontrado en el origen de la construcción del pequeño Estado benefactor chileno desde el 2000 en adelante. Es esa desilusión por lo que no se hizo durante al menos diez años la que se expresa en el telegráfico documento El aumento de la pobreza, firmado por cuatro dirigentes concertacionistas y un ex senador, en el que se acusa al ex ministro Velasco por haber promovido políticas “neoliberales” en el contexto de la grave crisis financiera mundial, las que habrían sido insuficientes para abordar su impacto sobre el volumen de pobres en Chile. Si bien en este documento se puede valorar la exigencia de debate de ideas al interior de la Concertación —suponiendo resuelta la pregunta de su metodología y modo de conclusión para fines de síntesis programática—, resulta sumamente criticable el haber ingenuamente concedido el alza brutal de la pobreza sin mediar reflexión política alguna acerca del contexto (mundial y local) y de las características de la política social en tiempos de batalla por la hegemonía sobre la forma y magnitud de la pobreza en Chile. Aun más: es motivo de alarma constatar que dos economistas de fuste no hayan incursionado por la reflexión contrafactual preguntándose cuál sería el número de pobres en ausencia de red de protección social, lo que supone seriamente sacar conclusiones políticas de dicha reflexión.
Si lo que se pretende denunciar es la ideología “neoliberal” que subyace a las políticas económicas implementadas desde 2000 en adelante, sería conveniente ejercer control lógico, semántico e intelectual sobre el adjetivo “neoliberal”, explicando claramente lo que se quiere decir mediante la invocación de un término que en los distintos mundos de la izquierda opera como estigma y anatema.
De manera más profunda, si lo que se quiere es criticar lo obrado y gobernado a partir de una voluntad de superación histórica, entonces es preciso clarificar, y justificar los términos de la crítica. En 1990, Luc Boltanski esbozó una forma de crítica a lo que él entendía por “sociología crítica”, la que se contentaba con poner en evidencia un conjunto de desigualdades constitutivas de sentimientos de injusticia, sin clarificar la posición desde la cual la crítica se ejerce, ni menos el ideal de justicia al cual se aspira. Siendo diferentes todas las demás cosas, parece legítimo exigir a la crítica política que se origina en la propia Concertación explicitar la escala de justicia mediante la que se pretende medir el valor de las personas y de las cosas, argumentando acerca de las estrategias y políticas que conducen a ella, así como sus condiciones de posibilidad.
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Negocio redondo
Eugenio Tironi
Martes 20 de Julio de 2010
La publicación de la Casen nos ha vuelto a poner cara a cara frente a la pobreza. Estamos sorprendidos, avergonzados, quizás asustados. Es curioso, porque el terremoto ya había develado que era más extensa, profunda e indomable de lo que se observa y comenta cuando se transita por las carreteras concesionadas. Ya no está constituida únicamente por el trabajador mal pagado o desocupado, sino por la madre soltera, los ancianos, los minusválidos, los enfermos psiquiátricos, los obesos. Hay casi tantos tipos de pobreza como pobres. A diferencia de antes, están dispersos, desorganizados, y viven a tiro de piedra con signos de riqueza inalcanzables, por lo que la delincuencia es una tentación abrasadora.
El terremoto puso de manifiesto también que nuestro capital social no es tan abundante como creíamos. El orden social chileno reposa en un insondable pozo de violencia y resentimiento, como lo puso al descubierto la experiencia de los saqueos y la autodefensa. Al mismo tiempo, sin embargo, fuimos testigos de conmovedores actos de heroísmo y altruismo, con organizaciones no gubernamentales que tomaron a su cargo áreas completas de la emergencia —como la vivienda—, movilizando en ello a decenas de miles de voluntarios.
Pero así como la sociedad civil mostró señales impensadas de robustez, la idea de un Estado poderoso se pulverizó con el terremoto. Sabíamos de su bajo nivel de transparencia y gestión, así como de su pérdida de energía y ambición. De hecho éste fue el factor que llevó a Sebastián Piñera a La Moneda, propulsado por su promesa de aplicar la avidez y los criterios empresariales al manejo del Estado. Pero el diagnóstico quedó corto, más si hay que lidiar con el espíritu aspiracional de chilenos que, aun en medio de una catástrofe, anhelan reconstruir algo mejor de lo que perdieron; no importa si hay que romper tabúes, probar recetas nuevas y doblegar la noción de que hay una sola manera de hacer las cosas y que hay que esperar con resignación que dé sus frutos.
Me temo que esta combinación de urgencias y aspiraciones coloca a la empresa privada en un rol que no puede declinar. Pongámoslo así: hoy, el fracaso del país sería el fracaso de la empresa. Por lo mismo, la “responsabilidad social empresarial” tal cual la conocíamos, que se hacía cargo de los impactos negativos más directos, que ponía dinero pero sin involucrarse en la gestión, y pensada sólo en función de los beneficios de imagen, reputación o simpatía, ha quedado totalmente des-escalada después del 27F.
Chile vive un momento de reestructuración. Éste comprende también a la empresa. Es admirable cómo actuó frente a la emergencia. Pero no hay vuelta atrás. No puede ahora replegarse nuevamente a la filantropía o a la gestión de las externalidades sociales o ambientales. Las cuestiones públicas son ahora su problema. Los límites entre su papel y el del Estado, las fundaciones o las ONG son porosos. Lo que tiene que aportar, más que recursos económicos, es capacidad de gestión: es el bien más escaso del Estado y de las comunidades vulnerables, y las empresas lo tienen en abundancia y lo pueden ofrecer.
Lo mejor que pueden hacer las empresas es no desdoblarse, y aplicar la misma lógica de gestión de sus negocios en el campo de su responsabilidad con el país y la comunidad. Con ello todos ganan: las comunidades, que podrán salir adelante más rápido y mejor; el Estado, que podrá suplir sus déficits de gestión; y las empresas, que podrán demostrar que sus competencias no son “intrínsecamente perversas”, como creen muchos. En suma, negocio redondo.
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Ni ladrones, ni maricones
Por Oscar Contardo
Hay ideas. Ideas que se establecen, que perduran y a las que se les cavan trincheras defensivas reales o imaginarias con mayor o menor aplicación. Ideas razonables y sensatas, y otras que parecen serlo pero que no encierran otra cosa que un alambicado mecanismo de prejuicios y miedos con un centro vacío y podrido.
En 1965 en la mayor parte de los estados norteamericanos había revocado la prohibición para matrimonios interraciales. En Virginia, uno de los estados en los que la prohibición existía, un hombre y una mujer de diferente color, decidieron violar la ley y contraer matrimonio. Fueron arrestados y el juez declaró: “Dios todopoderoso creó las razas blanca, negra, amarilla, malaya y roja y las colocó en distintos continentes (…) El hecho de que haya separado las razas muestra que su intención no era que luego se mezclaran”. (“Historia del matrimonio”, Stephanie Coontz, Gedisa, 2005).
Años más tarde, después de las revueltas iniciadas en el Bar Stonewall de Nueva York que impulsaron la idea del “orgullo gay”, el presidente norteamericano Richard Nixon habló sobre ambos asuntos. Nixon comentó que podía entender el matrimonio entre blancos y negros, pero en cuanto a los matrimonios entre personas del mismo sexo fue más cauto y lanzó un cálculo a largo plazo “supongo que sucederá el año 2000”. Erró unos años pero al menos no recurrió a la escolástica de cocción rápida con la que se suele argumentar en estos casos.
La Concertación sustentó durante sus gobiernos la idea de igualdad como bandera de lucha. Una idea que suponía una tarea inmensa en un país en el que la inequidad es una forma de vida. Había que restaurar derechos, reparar daños, juzgar crímenes, sepultar el miedo. Un entrevistado para un libro que preparo recuerda el cinco de octubre del 88 como una explosión de alegría que en su caso duró poco. Trabajó activamente como opositor a la dictadura en la universidad, aspiraba un cambio y se sintió parte del retorno a la democracia hasta que los hechos lo hicieron a un lado. Era homosexual, y el arcoíris concertacionista no contemplaba sus aspiraciones de igualdad. Se fue de Chile, hizo una vida fuera. Muchos lo han hecho, muchos lo harían si tuvieran la posibilidad.
La igualdad tenía una frontera bien custodiada, y el límite estaba en una de las más recurridas frases para frenar los cambios: “El país no está preparado”. Así lo dijo el Presidente Lagos en 2004 en una entrevista en la que le preguntaron por el matrimonio gay. Antes el país no había estado preparado para la democracia, tampoco lo había estado para legislar sobre el divorcio, ni para ver una entrevista a Michael Townley. En su momento tampoco lo estuvo para la educación pública, ni para la igualdad de los hijos ante la ley. El país tampoco estuvo preparado para juzgar a Pinochet sino hasta que se fue de viaje.
La izquierda chilena popularizó la expresión progresismo en el país sólo en la última década. Era un progresismo de programa de gobierno, una especie de puesta al día con la modernización brillosa de las reuniones internacionales y los tratados de libre comercio. Un aire tibio de bienestar social que le hizo sentir a muchos que la prosperidad de los índices de crecimiento se traducía en una vida algo más digna. Pero ese progresismo que se sentía deudor de los grupos de la Iglesia Católica que acogieron a las víctimas de la dictadura, era también heredero de un pasado homofóbico.
El presidente Allende se jactaba de que en su gobierno no había ni ladrones ni maricones. ¿Podía alguien militar en los partidos de izquierda y ser abiertamente homosexual? En los 70, naturalmente no. En abril de 1973 El Clarín sembraba la alarma: “Ostentación de sus desviaciones sexuales hicieron los maracos en la Plaza de Armas”. En los 80 se dirá que las urgencias eran otras y en los 90 la expresión homosexual apenas se reducía a aquel sujeto anónimo para el que se diseñaba una campaña de prevención del Sida que la Iglesia permanentemente boicoteaba.
La idea de reivindicación gay en Chile ha tenido más que ver con la importación de estereotipos para el ghetto de fin de semana que con plataformas políticas de derechos civiles ampliamente respaldadas. Hubo proyectos, sí. Pero de esa clase de proyectos destinados a entrar en el coma parlamentario ¿Qué harán con nosotros compañeros? Se preguntaba Lemebel. Y la respuesta pareció ser “ignorarlos”.
En la última campaña presidencial la derecha chilena tomó una bandera que la izquierda nunca se interesó en agitar más allá de una cita fugaz en un spot de campaña. Porque la consideraba innecesaria, porque no le interesaba y porque no era parte de su propia historia. El acuerdo de unión civil sustentado por parte de la derecha es un gesto tibio de reconocimiento de una realidad, un gesto cojo, una mueca pero al menos una señal que incluso tuvo un rostro con nombre y apellido en el spot de campaña de Piñera. En la Concertación pasaron 20 años y eso jamás sucedió. Tampoco ha sucedido ahora que el progresismo marque la diferencia y hable de igualdad, no de acuerdo sino de matrimonio. Tal vez sea que Chile, como es habitual, nunca termine de estar preparado.
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¿INNOVACIÓN O CREACIÓN?
Por Arturo Navarro
¡Buena pregunta! Nuestra sociedad parece encaminarse, al menos en el debate académico, hacia una suerte de consenso respecto de que el camino del futuro será de la innovación. Se aplica este concepto casi como una pócima milagrosa que hará florecer empresas, gobiernos y hasta universidades. Lo que decididamente no funciona sólo con innovación, es la cultura. A diferencia de industrias o entidades gestoras, el arte por definición está vinculado a su capacidad de reconocer que hay modelos a seguir y ejemplos que no es necesario superar, sino más bien imitar: los clásicos.
En una inspirada columna de opinión, publicada en The Clinic, el Académico de la Universidad de Chile, Patricio Meller, distingue entre universidades clonadoras e innovadoras.
“¿Debiera importar – se pregunta respecto de las primeras- el hecho que tengan dueños con una determinada tendencia religiosa y/o ideológica? Además de conocimiento –se responde- , las universidades transmiten valores, por lo que si los dueños de alguno de estos centros de estudio sólo contratan a profesores que piensan como ellos y con su mismo tipo de valores, nos enfrentamos a una verdadera ‘Universidad de los clones’. Sus profesionales egresados entonces son perfectos clones, con los mismos valores e ideología que los de los dueños”. Aclara más adelante que “el rol de la universidad es educar a los jóvenes para que tengan pensamiento propio, para lo que -entre otras cosas- se requiere de una sala de clases donde se produzca una suerte de ‘mercado de las ideas’, donde los futuros profesionales sean expuestos a un intercambio amplio, fundamentado y diverso de pensamientos u opiniones”. Concluye que “si este siglo XXI es el de las ideas, entonces las universidades no debieran estar dedicadas a la clonación, sino que decididamente a la innovación”.
Comparto el planteo de fondo, pero reemplazaría por creación su última palabra.Desde muy temprano aprendí que las universidades se definen por ser creadoras de conocimiento, para ello sus laboratorios y bibliotecas. Por tanto, creo más en el término creatividad que el de innovación.
Esta última, además de ser una palabreja de moda, tiende (según la moda) a asociarse con lo joven y descarta el aporte de otras generaciones. Sugiere, además, que todo debe ser sujeto de innovación, algo así como "la revolución permanente" de Mao. El cambio por el cambio.
La creación de conocimientos es un proceso más complejo, que considera que no todo debe recrearse siempre. Un creador es capaz de reconocer lo clásico, que es permanente, inspirador y no debiera ser innovado. En la capacidad de distinción entre ambos hay implícito un acto de creatividad.
Innovación suele ser la aplicación que hacen los emprendedores (otra palabreja) de lo que otros crean. Por tanto es un proceso menor que el de la creatividad. Sin creadores, no hay innovadores, pero sin innovadores, si hay creadores.
La creatividad es un nivel superior, previo y por tanto, un deber de las universidades para incrementar el conocimiento de la humanidad.
Pienso, a diferencia de Meller, que el opuesto de clonar no es necesariamente innovar, sino crear. El clon es fruto de una repetición y un condenado a seguir reiterando; incluso es concebible que exista un clon innovador, pero, por definición, jamás será un creador, porque no es una creatura sino una copia.
Clonar es repetir, no iniciar. Cuando inicio, creo. Clonar es reiterar una y otra vez (como las copias de un CD). Crear es inventar lo que contiene ese CD, innovar puede ser cambiar la carátula, la tecnología de copia o el tamaño del disco.
La música no es más que reiteraciones de sonidos o notas, sin embargo el secreto de su maravilla está justamente en los silencios que se agregan entre los sonidos y que hacen diferente una melodía de otra. Sólo un creador es capaz de hacer esas reiteraciones creativamente. Por ejemplo, Roberto Bolaño, en su novela 2666, nos reitera al describir hasta el agotamiento los crímenes de mujeres en Ciudad Juárez, una y otra vez, aparentemente iguales pero con tal talento que no se puede dejar de leer y a la vez transmite vívidamente la tragedia que hay tras esa realidad.
Esto, para afirmar, finalmente, que incluso la repetición puede ser creativa, pero la creación no puede "clonativa". Eso se llama copia y constituye una industria, como la editorial, la audiovisual o la de los fonogramas.
Aunque estimo que las universidades clonadoras no merecerían calificarse de tales, postulo la universidad creadora, que es más deseable que la meramente innovadora.
Al menos para las artes. Lo que no es poco.
Laberintos de cristal
Michelle Bachelet
La bandera de la igualdad ha sido para mi y para millones la principal causa para enrolarnos en las filas de la política activa. Llegamos a ella para cambiar el orden natural de las cosas; aquel orden donde la desigualdad ocupa -y sigue ocupando, lamentablemente- un lugar tan preponderante. Aquel orden donde el más grande arrasa con el más chico. Donde se perpetúan en el tiempo divisiones sociales, étnicas o geográficas. Donde vastos sectores de la comunidad, como las mujeres, son sometidos a arbitrarias diferenciaciones.
La desigualdad acompaña muy especialmente a los latinoamericanos, donde las segregaciones de todo tipo son más fuertes que en otras latitudes. Son décadas y décadas de lucha contra esta verdadera vena abierta que posee nuestra tierra. Resulta triste revisar las crónicas de hace cien años, las crónicas del primer centenario, cuando historiadores y políticos de la época ya hablaban de la pobreza, de la insalubridad y de la enorme desigualdad que aquejaban a aquellas jóvenes naciones. Sin embargo, resulta esperanzador ver cómo en algunas áreas de política se ven avances. A los primeros esfuerzos en materia de salud y nutrición infantil, en materia de consolidación institucional, de igualdad ante la ley, en materia de cobertura escolar, entre otras, comienzan a sumarse hoy mayores resultados en materia territorial, en materia indígena, en los temas de la mujer, por nombrar sólo algunas.
Por eso me complace revisar volúmenes como este Informe Regional sobre Desarrollo Humano: actuar sobre el Futuro: romper la transmisión intergeneracional de la desigualdad. Porque en el fondo, lo que en él se señala es que con adecuadas políticas y fuertes compromisos, se puede efectivamente romper este círculo y avanzar en justicia social.
Son numerosos los países de América Latina donde hemos avanzado. Hasta antes de la crisis financiera internacional, la región fue capaz de sacar de la pobreza a decenas de millones de conciudadanos en poco más de un lustro. Y más aún, ahora que comienzan a aparecer las primeras mediciones post-crisis, vemos que si bien ésta tuvo un efecto negativo en los más vulnerables de la región, este efecto fue significativamente menor a lo que ocurría en el pasado, cuando cada crisis económica arrojaba a la miseria a millones de latinoamericanos.
Así lo hemos visto ocurrir en mi país, Chile, donde las últimas mediciones muestran una leve alza en la tasa de pobreza (1,4%) para el período 2006-2009, básicamente debido a la combinación entre mayor desempleo producto de la crisis financiera y una extraordinaria alza en los precios de los alimentos, lo que hizo subir la vara con que se mide la pobreza. Con todo, al analizar las cifras uno se da cuenta del enorme efecto que han tenido las políticas de protección social y cómo éstas evitaron lo que pudo haber sido una catástrofe humana. Los chilenos tenemos muy en mente lo que ocurrió en los años 80, cuando la dogmática neoliberal manejaba la economía, la cesantía superaba el 30% y la pobreza llegó a afectar al 45% de la población.
Pero hay algo más en las cifras recientes de mi país: vemos cómo la desigualdad mantiene la trayectoria descendente que inició a mediados de la década; es decir, poco a poco el país comienza a hacerse más igual gracias a las políticas públicas que se han ido implementando en las últimas dos décadas.
Sabemos también que la desigualdad se juega más allá de las cifras. Hay una serie de aspectos simbólicos y normativos que se deben remover. Hace poco, el Informe de Desarrollo Humano en Chile hablaba de aquellos laberintos de cristal que tenían que enfrentar las mujeres en el país en su camino vital. Laberintos que ofrecen salidas para algunas afortunadas, pero que en muchos casos significan que la mujer -como puede ser cualquier otro grupo discriminado- vea postergadas sus posibilidades de desarrollo. Entonces, romper los círculos de desigualdad y romper la transmisión de generación en generación de ella, pasa por asumir dicha realidad. Los avances de los últimos años en materia de reconocimiento y derechos de diversos sectores a veces muestran la otra cara, la de los límites sociales, la de las resistencias en los valores, y las prácticas individuales e institucionales que hace que millones de latinoamericanos sigan atrapados en aquellos laberintos de cristal. Es por ello que la difusión de aquella realidad -como hace este Informe- y el compromiso político de todos los sectores se hace tan relevante.
La realidad nos demanda respuestas integrales y reclama el necesario papel del Estado como garante en el desarrollo de la justicia social y de la titularidad de los derechos, potenciando el desarrollo de la economía y de la democracia para la construcción de una sociedad más igualitaria.
Se requiere de un nuevo papel del Estado, del mercado y las familias en el cuidado de las personas, incluyendo la corresponsabilidad social. Nuevas formas de organización cotidiana, y de los entes públicos y del sector privado, que deben ser orientados con el aporte de las políticas públicas. Pero más que nada, se requiere potenciar las aspiraciones de niños y niñas, de madres y padres -como plantea este Informe- para que la igualdad sea una realidad.
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Qué yace tras una chanza
 “Piñera quiere ser un presidente cercano y dar la impresión de un gobierno ciudadano, como el que lo precedió, pero su programa, ideario y plataforma política, finalmente, irán en un sentido contrario”
Escribe Francisco Martorell / Director El Periodista
Goethe dice del escritor alemán Lichtenberg que “allí donde dice una chanza, yace oculto un problema”.
La cita es reproducida por Sigmund Freud, cuando se refiere a los errores, en el libro Psicopatología de la vida cotidiana. Y él, no sólo la hace suya, sino que la amplía respecto a su obra sobre los sueños: “allí donde aparece un error, yace detrás una represión o mejor dicho una insinceridad, una desfiguración de la verdad”, puntualiza el padre del Sicoanálisis.
¿Qué tendrá que ver esto con usted? Nada, tal vez, o casi. Pero quizá, sí mucho con lo que le ocurre al Presidente de la República.
Si bien un grupo mayoritario de los chilenos lo eligió para dirigir los destinos del país hasta el 2014, muchos en las encuestas decían que era el menos creíble de los candidatos. Hasta enero, sólo operaron sus fortalezas y el foco de atención no estaba de lleno sobre su accionar, figura, ademanes, tics o personalidad. Todavía era uno más, de cuatro primero y de dos después.
Desde el 11 de marzo, Sebastián Piñera está sólo en escena, rodeado de ministros y de colaboradores, pero demasiado omnipresente, en terreno y corriendo, comiendo sopaipillas o cazuelas, trotando fuera del país con otro mandatario, pilotando un helicóptero de Carabineros, durmiendo en una mediagua, pateando una pelota, viendo el partido aquí y allá. Para septiembre, en los días de fiesta, pretende estar en todas las regiones del país en 72 horas. ¿Una locura, una necesidad o algo compulsivo?
El Presidente se expone y mucho. Lo hizo con Marcelo Bielsa dos veces. Algo que debió ser normal, la visita de los jugadores a Palacio, se convirtió en un problema nacional. No importa si consiguió más adeptos que el DT rosarino tras la pugna, porque su desafío no es ganarle a Bielsa o a la ANFP, sino responder a las inquietudes y necesidades de los chilenos. Y estos, ven que hay mucha chanza, pero también errores y que sus acciones, muchas veces, no se ven sinceras. A diferencia de su antecesora, que hasta lo que le salía mal le redundaba en popularidad, Piñera no está siendo él y, entonces, pierde naturalidad. A Bachelet le pidieron que diera el puntapié inicial al inaugurar un torneo de fútbol femenino y se le salió un zapato. Nada más ridículo. Pero fue gracioso e improvisado. Ganó. El actual Presidente pidió que le pusieran un arco para patearle un penal a Bravo en su visita a Juan Pinto Durán antes de que el seleccionado partiera a Sudáfrica. Luego, una de sus chanzas, nombró a los jugadores por sus apodos y al jefe le dijo “loco”. Perdió. Igual que cuando insistió en que el niño de Dichato dijera “zafrada. “Su imagen se chacrea”, dicen en la UDI.
¿Qué yace detrás de estas acciones presidenciales? Tal vez represión, pero eso no es un síntoma político. ¿Insinceridad o desfiguración de la verdad? Piñera quiere ser un presidente cercano y dar la impresión de un gobierno ciudadano, como el que lo precedió, pero su programa, ideario y plataforma política, finalmente, irán en un sentido contrario. El Presidente, que ya no tiene ese ADN de centro que lo heredó de sus padres, cree en el mercado, abierto y omnipotente. Sus socios también. Ministros, subsecretarios y seremis, provienen de ese mundo. ¿Puede dejarse librado totalmente al mercado la Salud y la Educación? No. Ni crecer desmesuradamente y ser autosustentable.
Su meta es ambiciosa, pero limitada (ni siquiera tiene mayoría en el Congreso) y el Estado no es fácil.
El Presidente, entonces, se siente cómodo a 100 kilómetros por hora, a toda velocidad, porque detrás del movimiento, está la realidad. Y esa, sin duda, muestra que “otra cosa es con guitarra”. Y que, detrás de sus sueños, no yacen los de los chilenos más necesitados.
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Mis memorias personales de Luis Corvalán
Por Fernando Villegas
Conocí a don Lucho Corvalán en algunas de esas típicas fiestas para reunir fondos organizados en alguna seccional del Partido Comunista, en locales sin otro decorado que afiches de un festival de cine ruso y una mesa repleta de sanguchitos de palta y botellas de Cola-Cola familiar. Lo vi bailar una animada cueca con mi madre, que lo sobrepasaba dos cabezas. Primero, asistí en calidad de simpatizante y luego de miembro de la "jota", experiencia que duró, si mal no recuerdo, un par de meses.
Toda persona a quien recordamos suele presentarse, en ese teatro de muchas sombras y pocas luces que es la memoria, no como secuencia cinematográfica, sino en imagen estática e indeleble, óleo histórico a menudo algo desvanecido de lo que representó y/o fue para nosotros. Es lo que me suc ede con Lucho Corvalán, con él y simultáneamente con el entero elenco político de la segunda mitad de los 60. No sólo Corvalán, sino sus compañeros de partido -mi madre incluida-, sus adversarios, los prominentes periodistas políticos de esos tiempos, quienes eran o parecían ser algo, todos posan ante mí como en esas fotos de una cena de despedida o de la reunión de los ex alumnos del colegio.
Veo a Corvalán y los demás mirándome desde su tiempo como si supieran lo ajeno y remotos que nos son ahora. En dicho óleo personal colgado en mi pobre galería de recuerdos Corvalán luce su chaleco con botones y su eterno sombrero de ala angosta como el que usaba Frank Sinatra. Y además está hablando. El óleo ha cobrado vida como las pinturas de una película de terror y habla y mueve los ojos. Hace un discurso y recurre a frases plenas de chilenidad. Habla de una pobre concentración que reunió "a cuatro gatos". Salpica frases de esas aquí y allá. Es un verdadero almanaque de refranes. Y su gente, esa remota militancia donde también está mi madre, lo aplaude y se ríe.
Antes…
Corvalán murió dos veces. La de esta semana fue la última, sólo la que puso fin a su existencia como "soma". Antes de eso, en 1975, murió como dirigente político. Sucedió cuando se lo permutó por la libertad de Bukovski, un connotado disidente soviético. Alojado en Moscú en modesto departamento como lo estaba ya Volodia Teitelboim, como lo estaban otros dirigentes comunistas a los que el régimen de Pinochet no alcanzó a atrapar, Corvalán dejó de ser figura activa y pasó a la categoría de reliquia conservada en ese inmenso refrigerador que era el régimen soviético. Lo sucederían como dirigente del partido Gladys Marín y otros personeros ciento por ciento alejados de la línea de Corvalán. En verdad, alejados de todo lo que Corvalán representó. Cuando yo lo conocí, Corvalán era senador y figura indiscutida del Partido Comunista por mucho que acorazados como Orlando Millas y Teitelboim le disputaran los honores y la figuración. Teitelboim podía ser literato, Millas podía ser ideólogo, pero el secretario general del partido era él, don Lucho, el hombre del sombrero chiquitito, el señor de corta estatura que soltaba refranes, el caballero de rasgos un poco orientales pero con bigote de campesino.
Hablamos de otra época. El Partido Comunista -como el socialista en medida menor- era leal seguidor y admirador de la URSS y del PCUS, el Partido Comunista de la Unión Soviética. Siendo el comunismo, entonces y ahora, una doctrina que desdeña como pieza de museo las consideraciones nacionales y pone énfasis en la hermandad, primero la de los trabajadores entre sí, en seguida, si hay algo de suerte, de la humanidad en su conjunto, la cuestión de priorizar banderas y patrias les era indiferente. Por eso fue legítimo para ellos otorgar plena lealtad a la URSS, no como país, sino en su calidad de materialización de dicha doctrina, del socialismo que se trasformaría -en el milenio por venir- en comunismo. Dudo que otro partido comunista haya sido en ese tiempo más obsecuente con la URSS que el nuestro. Y siempre la razón fue esa: pasara lo que pasase, era el bastión de un sistema de ideas que era preciso cuidar; no era cuestión de manchar la ideología, ciento por ciento correcta, por detalles tales como las matanzas de Stalin o la represión de los disidentes. Es, bien vistas las cosas, la misma lógica de la Iglesia, de toda iglesia: no deterioremos nuestra fe en el alma de los creyentes por los insignificantes pecados del señor cura.
En lo personal, don Lucho era tipo afable, sencillo. Lo conocí en algunas de esas típicas fiestas para reunir fondos organizadas en alguna seccional del partido, en locales sin otro decorado que afiches de un festival de cine ruso y una mesa repleta de sanguchitos de palta y botellas de Coca-Cola familiar. Lo vi bailar una animada cueca con mi madre, que lo sobrepasaba en dos cabezas. Primero asistía en calidad de simpatizante, luego de miembro de la "jota", experiencia que duró, si no recuerdo mal, un par de meses. Me retiré por lata, por carencia del temperamento debido a mi propensión a no creer en nada por mucho tiempo. Me retiré tal como dejé de ser católico, de un día para otro.
A propósito de creer, Corvalán fue de los que nunca creyeron en la vía armada. Corvalán jamás fantaseó con la peregrina idea de que un puñado de "combatientes" disfrazados de guerrilleros era lo que se necesitaba para tumbar un régimen y construir otro. Corvalán era político maniobrero, astuto, dispuesto a las transacciones, paciente. Se habría entendido a la perfección con Longueira. Corvalán y los demás, los Millas, los Teitelboim, pertenecen a una civilización desaparecida de la que también era parte la tribu de los García Garzena, incluso de los Onofre Jarpa. Podían arrojarse tinteros por la cabeza, pero de quedar la cosa en sus manos nunca hubiera ocurrido un 11 de septiembre. La tragedia de Chile fue precisamente esa: escapó de sus manos.
Después…
El después fue triste. Capturado en los días del golpe, Corvalán convirtióse a poco andar en ficha menor del juego de la guerra fría. En esa calidad perdió hasta el último átomo de protagonismo. Se trasformó en mercadería transable. De regreso a Chile, muchos años después, llegó casi a un planeta desconocido. La gente de su partido, como dice mi colega Héctor Soto, "no le quitó el piso, pero muy poco más". Como Ulises, regresó a su patria luego de muchos años, pero no pudo recuperar a su Penélope ni matar a sus competidores. Vio su propia casa, el PC, convertida en hogar ajeno.
Vio a su propio país convertido en una contrahecha imitación de una sociedad consumista. Vio a esa clase trabajadora, a esos obreros "del hierro, del salitre y del carbón" con quienes tan bien se entendía, pues era uno de los suyos, desaparecer del paisaje social ya sea porque desaparecieron sus industrias o porque desaparecieron sus viejos sindicatos o porque desaparecieron sus antiguos valores; los vio convertirse o ya convertidos en criaturas atrapadas también, como "la pequeña-burguesía", en el juego del consumo. Vio a los antiguos militantes de su época, viejos leídos y cultos, fuera de acción o ni siquiera pudo verlos así porque ya habían muerto. Quizás la última imagen que tengo de él lo diga todo. Fue una mañana, en una feria libre, avanzando a pasos muy cortitos, calmo, con aire desapegado o así me pareció, escogiendo prolijamente unos tomates. Cuando pude y quise ir a saludarlo ya no pude encontrarlo, del todo perdido en medio de ese mar de cabezas…
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Indultos: una caminata sobre la cuerda floja
Por Ascanio Cavallo
La propuesta de Indulto Bicentenario parece no tener piso político. Para el gobierno es un tema incómodo y para la Iglesia se ha transformado en una señal de que ya no tiene la misma injerencia de hace una década.
El gobierno no fue sorprendido por la propuesta de indulto de la Iglesia Católica ni tampoco por el hecho de que se haya convertido en el eje del debate público en los últimos días. De hecho, los equipos de juristas del Presidente Piñera habían analizado el problema antes de asumir, como lo han hecho todos los candidatos desde el 90 en adelante.
Sabían, por lo tanto, que los indultos son un problema político y social. Por lo general, los abogados estiman -como lo dijo el presidente de la Corte Suprema, Milton Juica- que en sus diferentes formas los indultos siempre implican algún grado de distorsión de los mecanismos de la justicia y de la propia democracia. Del otro lado, los gobiernos se inclinan siempre a creer que la clemencia y el perdón favorecen la paz social y le otorgan a la democracia una dimensión humana.
Ni una ni otra cosa están inequívocamente demostradas. Pero aunque lo estuvieran, las lógicas jurídica y política naufragan frente a los casos de delitos contra los derechos humanos, imprescriptibles e inamnistiables según el derecho internacional. La ventaja que tuvo Patricio Aylwin para aplicar diversas formas de indulto (liberación, conmutación o rebaja de penas) a una mayoría de los 397 casos de presos políticos que tenía al momento de asumir era la propia de una transición entre dictadura y democracia: la autoridad para decidir que los delitos "de conciencia" (incluyendo los de sangre) no eran equivalentes a los delitos comunes.
Aylwin tuvo suerte. De los presos que liberó, sólo unos pocos reincidieron en la subversión o la delincuencia. Para Lagos la historia fue distinta: Juan Aliste Vega fue deportado esta semana desde Argentina y encausado por el asesinato de un carabinero durante el asalto a un banco, en el 2007.
Piñera se reunió con la viuda y los hijos del policía, en una señal inequívoca de que esos transgresores no serán sujetos de clemencia. Sólo horas antes había recibido a las hijas del asesinado general Prats, en otra señal de que tampoco habrá perdón para los agentes más sombríos del régimen militar.
Entre los dos encuentros, la conclusión es una sola: el Presidente sabe que camina sobre una cuerda floja.
De los interesados en los indultos brilla con especial fulgor el Ejército, que tiene a dos candidatos desde comienzos de la década: el general Odlanier Mena y el mayor Héctor Herrera Jiménez.
Mena fue un oficial muy importante en la contención de los conflictos fronterizos del norte, combatió internamente la trenza de poder estructurada por el general Manuel Contreras, entregó a Michael Townley y a los asesinos de Orlando Letelier, redujo y disolvió a la Dina y casi eliminó el método de las desapariciones. Castigarlo igual que a los hombres de la Dina envuelve un incentivo perverso para la promoción de la corrección en los métodos militares. Mena fue, es y ha sido, a pesar de sus penosas destinaciones, "an officer and a gentleman".
El mayor Herrera participó en uno de los crímenes más horrendos del régimen militar, el de Tucapel Jiménez -junto con Contreras Donaire-, pero confesó y dio detalles, se declaró arrepentido y sobrelleva una enfermedad terminal.
No hay en el gobierno quien desconozca que cualquier decisión respecto de estas u otras personas envueltas en casos de violencia política traería inmensas dificultades, pero si hay alguien sorprendido por el debate social no es el gobierno, sino la Iglesia Católica.
La reacción virulenta de los organismos de derechos humanos y la reacción silenciosa de la mayoría que se opone en las encuestas muestran a las claras que es cierto lo que los obispos se han negado a reconocer: que el capital moral que tuvieron hasta los 90 se ha licuado, hasta alcanzar una cierta irrelevancia. La Iglesia puso a uno de sus hombres más calificados y autorizados, el sacerdote y ex vicario de la Solidaridad Cristián Precht, para analizar los casos de presos por derechos humanos uno por uno.
Pero ni siquiera eso ha sido suficiente. No hay piso para su operación, aunque la propuesta entregada el martes al gobierno envuelve, más que la idea de indultos particulares que la ley reserva a la decisión exclusiva del Presidente, la elaboración de un proyecto de ley de indulto general (con inspiración parecida al Indulto Jubileo del 2001) que establezca condiciones especiales y severas para la liberación de delitos comunes y especiales. Y eso debe pasar por el Congreso.
Lo que nunca pudieron hacer bien los gobiernos sucesorios, lo debe intentar ahora un gobierno inexperto, sobre la base de una Iglesia disminuida. Menudo lío.
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¡No al indulto!
Carlos Peña
Hay varias razones para no conceder el indulto a quienes violaron los derechos humanos. Y para no admitir las insinuaciones que -manejando una delicada ambigüedad- ha formulado la Iglesia Católica.
Desde luego -y a mucha distancia de los delitos comunes- las desapariciones, torturas y asesinatos ejecutados por agentes del Estado tienen una gravedad excepcional. A diferencia de lo que ocurre con la violencia entre particulares -un homicidio, por ejemplo- en la violación de derechos humanos se tortura, mata o hace desaparecer adversarios sirviéndose de las instituciones estatales.
Así, la capacidad de abuso es incontrarrestable y la impunidad casi segura.
Fue lo que ocurrió en Chile y no debemos olvidarlo tan rápido. La dictadura usó el poder del Estado para torturar, desaparecer y asesinar personas y asegurar la impunidad de los victimarios. Los familiares de las víctimas en cambio -que debieron soportar por décadas la sorna y la burla de sus victimarios- acabaron recibiendo apenas un remedo de justicia.
El Estado, las instituciones públicas, los tribunales, la prensa, los políticos, los mismos que hoy arguyen a favor de la misericordia, por miedo, connivencia o motivos incluso peores, callaron.
¿Cómo podría ahora, ese mismo Estado, que no fue capaz de estar a la altura de sí mismo en esta materia, hacer de perdonavidas? El soberano -el Presidente de la República en este caso- sólo puede excepcionar el derecho cuando fue capaz de estar a la altura de él. Para que la misericordia pueda hacer excepción a la justicia, es necesario, previamente, haber hecho justicia.
Y no es el caso.
Hubo demasiada tardanza, largos años de impunidad, encubrimiento, pretextos, mentiras sostenidas por décadas, falta de reconocimiento, apoyo a los victimarios y silencio de las instituciones armadas, como para estimar que ha habido una justicia que merezca una excepción en base a la misericordia.
Pero -se dirá- ¿no habrá que oír a la Iglesia Católica que, ella sí, escuchó a las víctimas, enjugó sus lágrimas y les prestó consuelo?
Hay que oírla, por supuesto, pero sus acciones pasadas no obligan a nadie a admitir sus argumentos de hoy.
No cabe ninguna duda que la Iglesia tiene motivos para pedir el indulto (es cosa de recordar a Mateo 6, 14-15: "si no perdonáis a los demás tampoco vuestro Padre perdonará vuestras culpas"). Pero esa no es una razón que deba admitir un Estado laico como el nuestro. En un Estado laico -un Estado que trata con igualdad a creyentes y no creyentes- el Presidente está obligado a buscar razones neutrales, que puedan ser admitidas por todos a la hora de ejercer sus facultades. Piñera, desde este punto de vista, no podría esgrimir su fe católica para conceder el indulto o ejercer cualquier otra de sus facultades. Sus facultades no le han sido concedidas para homenajear sus convicciones religiosas, sino para obrar a favor de los valores cívicos.
Sin embargo -se insistirá- ¿no habrá casos que merezcan una consideración especial, personas que obraron en cumplimiento de órdenes o que cometieron crímenes por miedo?
De todos los argumentos, quizá este es el más inaceptable. Obrar moralmente -explica Kant- consiste en actuar contra los impulsos, resistiendo las inclinaciones. Por eso al lado de los que cometieron crímenes por miedo, y que hoy día se avergüenzan, hubo otros que se negaron a hacerlo y que hoy se enorgullecen. ¿O habremos de enseñar a nuestros hijos que no hay que hacer desaparecer personas, torturar o asesinar, salvo que deban hacerlo por miedo, cobardía o bajo amenaza? ¿Esa es la ética con que queremos celebrar el bicentenario?
Nada. En medio de tanta ambigüedad, en medio de tanto moralista de última hora, después de tanto intelectual que calló a la hora de defender a las víctimas y que ahora saca la voz para pedir clemencia para los victimarios, es mejor decirlo con total claridad: no es correcto conceder el indulto, ni particular ni general, a ningún violador de los derechos humanos.
A ninguno.
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 Diez puntos sobre indulto y DD.HH.
José Zalaquett
Varios años atrás escribí un artículo llamado "Justicia con Clemencia". Hoy el tema sigue pendiente y las reacciones frente a cualquier propuesta continúan siendo, comprensiblemente, fuertemente sentidas en vez de reflexivas.
Ante el reciente documento de la Iglesia Católica sobre indultos para el Bicentenario, comienzo por aclarar que no soy creyente. Por tanto, lo analizaré sólo desde una perspectiva ética y legal, aunque limitándome a los casos de derechos humanos:
1 Gravísimas violaciones de derechos humanos se cometieron en Chile durante la dictadura militar. Ello ocurrió luego de una salida de fuerza ante una aguda polarización política. Por cierto, ninguna situación de contexto valida lo que es absolutamente injustificable. Sin embargo, la historia de esos años contribuye a explicar que, aún hoy, los resabios de antiguas pasiones obnubilen la mente de algunas personas. En efecto, todavía hay civiles y ex uniformados que, con su actitud o sus palabras, siguen tratando de excusar los crímenes perpetrados.
2 La reconstrucción de la convivencia nacional exige la verdad, el reconocimiento, las reparaciones y la justicia frente a los crímenes del pasado. El asunto más crítico consiste en decidir la extensión de la justicia y, por tanto, la posibilidad de clemencia.
3 Sobre los puntos precedentes, hay dos nociones morales que es difícil armonizar. La primera enfatiza, correctamente, la responsabilidad individual por nuestros actos: ello es consustancial con nuestra autonomía como individuos. La segunda comprueba que en ciertas circunstancias se suele abrir paso al monstruo que, lamentablemente, anida en la condición humana, pero que ello no implica que cada uno de los individuos que participaron en la comisión de crímenes sea irredimiblemente perverso.
4 Para conciliar ambas nociones morales, se debe recurrir al buen criterio ético. Ello supone tanto una justicia seria como un grado de clemencia por motivos bien fundados.
5 En las grandes tradiciones religiosas y humanistas, el perdón individual está entregado a cada cual. Sin embargo, el perdón social supone varios pasos: admitir lo que se hizo; reconocer que estuvo mal; resolver no volver a hacerlo; y estar dispuesto a hacer reparaciones ("penitencia", en el lenguaje religioso tradicional). Cumplido todo esto, el mismo hechor habría reafirmado los valores morales que sustentan a la comunidad y podría ser perdonado.
6 No obstante, la experiencia de las naciones y el derecho internacional han agregado algo más: el deber imperativo de castigar los crímenes contra la humanidad. La definición de éstos quedó consolidada en el Estatuto de Roma, de 1998. Se requieren, conjuntamente, tres requisitos: (i) un hecho criminal (por ejemplo, desaparición, asesinato, tortura); (ii) que tal hecho se perpetre en el contexto de un ataque masivo o sistemático contra la población civil; (iii) el conocimiento de dicho ataque. No cabe duda de que esta definición se aplica a quienes tuvieron diversas responsabilidades de mando en la DINA y en otras agencias represivas. Sobre otros partícipes, se debe examinar, caso a caso, si sus delitos pueden o no ser calificados de crímenes contra la humanidad. Se concluye, sin embargo, que no toda violación de derechos humanos es un crimen contra la humanidad.
7 Hay quienes argumentan que este concepto de crímenes contra la humanidad no es aplicable a los hechos de los años setenta, porque data de 1998. Esto no es sostenible. Más que crear un nuevo delito, la definición recoge un imperativo ético y jurídico que ya estaba incorporado en la conciencia de la humanidad.
8 El Estatuto de Roma de 1998 declara que los crímenes contra la humanidad son imprescriptibles, esto es, que el transcurso del tiempo no extingue la responsabilidad de los hechores. ¿Acaso dice también que no se puede aplicar medida alguna de clemencia a los condenados? No lo dice. La sana interpretación de esas normas, sin embargo, determina que la clemencia -que puede consistir en una reducción o conmutación de la pena o en aliviar una condición de inusual sufrimiento- debe responder a razones muy de fondo y no puede ser una forma de impunidad disimulada. Entre estas razones se podrían contar, por ejemplo, una edad muy avanzada o una enfermedad grave, sumadas a un cumplimiento significativo de la condena impuesta y a la expresión de un genuino arrepentimiento.
9 Sería moralmente estrecho condicionar el debate sobre estos puntos a un cálculo de supuesta viabilidad política. Debe sí, tenerse debida consideración y respeto por la opinión de los familiares de las víctimas, aun cuando no corresponda conferirles propiamente una facultad de veto.
10 La propuesta de la Iglesia se hace cargo de muchos de los puntos anteriores (incluso, en un tono algo defensivo, como anticipando las réplicas -comprensiblemente apasionadas- que ha recibido): no pide ni impunidad ni blanqueo; sugiere distinguir entre niveles de responsabilidad; habla de clemencia, no de perdonazo; enfatiza la importancia del arrepentimiento...
La sociedad chilena se debe a sí misma una discusión ética y legalmente fundamentada sobre este tema.
El máximo referente en Derechos Humanos de la Concertación:
TRAYECTORIA DE JOSÉ ZALAQUETT
En diciembre del año pasado, el abogado José Zalaquett fue designado por la ex Presidenta Michelle Bachelet como uno de los miembros del directorio del Museo de la Memoria.
El reconocimiento fue uno más de los que los gobiernos de la Concertación han entregado a quien se ha convertido en la figura más representativa en el tema de Derechos Humanos desde el fallecimiento de Raúl Rettig en el año 2000.
Zalaquett fue escogido por Patricio Aylwin, en 1990, para integrar la Comisión Verdad y Reconciliación que entregó el primer informe sobre violaciones a los Derechos Humanos. Nueve años más tarde, fue Eduardo Frei quien recurrió al jurista para que formara parte de la denominada Mesa de Diálogo.
Actualmente, el abogado es codirector del Centro de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile.
La vinculación de Zalaquett al tema de Derechos Humanos comienza en 1973. Hasta entonces se había desempeñado como asesor jurídico del gobierno de Salvador Allende en los planes para concretar la reforma agraria. Tras el golpe militar, comenzó a asesorar legalmente a familiares de detenidos y se integró al comité Pro Paz, creado por la Iglesia Católica.
Su actuación, sin embargo, significó que fuese apresado en noviembre de 1975 y pasase por los centros de detención de Tres y Cuatro Álamos, donde permaneció por tres meses. Después de su liberación alcanzó a participar de la Vicaría de la Solidaridad, pero a los pocos días el gobierno decretó su expulsión del país.
Y fue en su época de diez años de exilio, cuando Zalaquett fortaleció su experiencia jurídica en materia de Derechos Humanos, la que le ha valido reconocimientos de la Unesco, la Universidad de Nueva York y de Notre Dame, entre otras instituciones.
Durante su exilio, fue secretario general adjunto y luego presidente de Amnistía Internacional. También colaboró en los procesos de transición de Argentina, Filipinas, Uruguay y Uganda. Más tarde pasó a integrar la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que presidió entre 2003 y 2004.
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Acciones e indulto
Por Patricio Navia
Su postura en contra de una ley de indulto general demuestra que, cuando toma posiciones moderadas, el Presidente Piñera fortalece su postura de estadista. En cambio, el no desprenderse de sus acciones de Colo Colo, pese a las sugerencias de muchos aliados, deja abierto un flanco que dificulta su capacidad para centrarse exclusivamente en los complejos desafíos que enfrenta su administración.
En dos días, el gobierno dejó en claro que su legado estará inevitablemente compuesto de aciertos y errores. El sábado, ante la presión pública y producto de un fallo de Contraloría que le exigía inhabilitarse en temas relacionados con el fútbol profesional, el subsecretario de Deportes, Gabriel Ruiz-Tagle, anunció que vendería, en un proceso público y transparente, el 24% de las acciones que posee en Blanco y Negro.
La decisión llegó tarde, pero llegó. Después de insistir en que la ley no lo obligaba a vender -aunque muchos simpatizantes del gobierno lo consideraran un conflicto de interés evidente-, el anuncio vino una semana después del fallo de Contraloría. Aunque Ruiz-Tagle alargó innecesariamente la agonía, alegando que sus atribuciones casi no tenían injerencias en el fútbol profesional, su decisión ayuda a fortalecer el cortafuego entre política y negocios. Si bien la decisión pudo haberse tomado meses antes -evitando un tema que resultaba ganador para la oposición y para los críticos del gobierno-, el sábado fue un día positivo para el gobierno.
Pero ya que el propio Presidente Piñera también posee acciones de Colo Colo, el anuncio de Ruiz-Tagle inmediatamente cambió el foco del conflicto de interés hacia La Moneda. Si bien la ley no obliga a Ruiz-Tagle a vender, el que lo haga constituye un reconocimiento tácito de lo inconveniente que resultan los potenciales conflictos de interés. El anuncio de Ruiz-Tagle deja en incómoda posición al Presidente de la República.
Sorpresivamente, un día después, el Presidente anunció su rechazo al indulto general propuesto inicialmente por la Iglesia Católica. Ya que es impopular -y éticamente cuestionable- otorgar indultos generales a violadores de los derechos humanos o a criminales violentos, tiene sentido que el gobierno estudie caso a caso -como también hicieron los cuatro gobiernos anteriores- las peticiones de indulto. Aunque el contenido de esa decisión no sorprendió, sí pareció apresurado el anuncio. Sólo cuatro días después de que la Iglesia Católica entregara su propuesta -y dos días después de recibir la propuesta de Iglesias Evangélicas-, Piñera ya entregaba su negativa respuesta. Bien pudiera ser que el Mandatario quería despejar, de una vez por todas, el tema del indulto. Las dilaciones son siempre costosas. La demora en la decisión de Ruiz-Tagle sobre Colo Colo sólo trajo costos para el gobierno.
Pero resulta erróneo creer que el anuncio del no indulto va a enterrar el debate sobre la conveniencia de que el Presidente sea accionista del club más popular del país. Ese debate está aún abierto, aunque no sea tema prioritario en los próximos días. Como siempre resulta mejor cortar la cola del perro de una sola vez, y precisamente porque su anuncio sobre el indulto le permitió asumir una posición de estadista, respetada y celebrada, el Presidente Piñera debiera seguir el ejemplo de Ruiz-Tagle y anunciar la venta de sus acciones de Colo Colo.
Además de consolidarse en una posición de líder más interesado en el país que en su propia riqueza, Piñera ayudará a cerrar el debate sobre los conflictos de interés, uno de los temas que más dolores de cabeza han dado a su gobierno y que más conflictos y desunión han producido en su propia coalición de gobierno.
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